Lunes, 26 de julio de 2021

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Los muertos de la Guerra Civil: consideraciones desde un 18 de Julio

por Angel David Martín Rubio

puertaalcala

La llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto político-cultural mucho más amplio que tiene necesidad de un genocidio para la descalificación sin paliativos del bando nacional y de la España de Franco, primer paso para la reivindicación de la República del Frente Popular con cuya presunta legitimidad pretenden conectar a la España actual la izquierda (extrema, porque aquí no existe la socialdemocracia) y los regionalismos separatistas.

La memoria histórica y su método de agit-prop
El camino para alcanzar este objetivo pasa por reavivar artificialmente el debate sobre el número de víctimas pretendiendo demostrar mediante la abultada disparidad de las cifras debida a la represión en los dos bandos que el Gobierno republicano se habría visto desbordado por la actividad de grupos incontrolados mientras que en zona nacional eran las propias autoridades quienes dirigían una acción represiva que adquirió caracteres de exterminio.

Así, en la línea del periodista Peter Weyden, José Fontana hace de lo que él llama las sangrientas matanzas de Badajoz un anticipo de Auschwitz o el oráculo de la historiografía de izquierdas Gabriel Jackson hablaba de 200.000 muertos sólo para los fusilados en la posguerra y los neosocialistas no bajan hoy de 150.000 para toda la guerra y posguerra. Cifras todas ellas, carentes de cualquier fundamento.

Por el contrario, una revisión documental y bibliográfica centrada en la cuestión de las cifras de pérdidas humanas, permite comprobar que los resultados a que se había llegado hace unos años en el estudio de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil pueden considerarse definitivos —sin olvidar la relatividad que la historiografía da siempre a este término— y que carece de fundamento el revisionismo propuesto por aquellos autores que actualmente van acompañados del visto bueno y del aval económico de la clase política.

Situar las víctimas en su contexto
Con razón se ha dicho que la verdadera importancia de la Guerra Civil Española en la historia del siglo XX no es tanto geopolítica o estratégica como ideológica y cultural. Estos dos últimos conceptos resultan especialmente apropiados si los ensanchamos hasta poder considerar la guerra española de 1936 como un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la occidental y cristiana y las nuevas formas del totalitarismo que, procedentes de la Unión Soviética, comenzaban por entonces a expandirse.

El final de la Segunda Guerra Mundial dio paso al deterioro del gravoso acuerdo de las potencias occidentales con la Unión Soviética —prevista ya por Franco en su carta a Churchill del 18 de octubre de 1944 — y, en la reordenación de las alianzas durante la Guerra Fría, España quedó definitivamente incorporada al mundo libre consolidándose así una trayectoria que se había iniciado en julio de 1936.

Estas circunstancias no podía dejar de tener su repercusión en las propias manifestaciones del conflicto y la honda brecha que se manifestó entre los españoles en los más diversos terrenos (religioso, político, social, de identidad nacional...) hace que, a las lógicas pérdidas humanas ocasionadas por las consecuencias directas e indirectas de las operaciones militares, se unieran, y en número muy elevado, las causadas en ambas retaguardias por las represalias, asesinatos y ejecuciones que se prolongaron durante los primeros años de la posguerra.

Pero un correcto análisis historiográfico no puede olvidar que las muertes debidas a la represión se sitúan en un contexto bélico y que, incluso si les sumamos las ocasionadas como consecuencia de las operaciones militares, no son las únicas con trascendencia en el terreno demográfico. En tiempo de guerra se muere más pero también hay menos nacimientos. Por otra parte, la sobremortalidad no afecta exclusivamente a quienes mueren habitualmente (en aquel momento ancianos y niños) sino a hombres jóvenes, no tanto a gente inactiva e infecunda cuanto a aquellos que se encuentran en edad óptima para el trabajo y la paternidad.

Además, la guerra separa a los cónyuges, retrasa los matrimonios y hace abandonar sus tareas habituales a la población activa, situación que puede prolongarse en la posguerra para los derrotados. Por último —y esta enumeración no es exhaustiva— los avatares del frente originan unos desplazamientos de población que pueden llegar al exilio definitivo. En síntesis, los efectos demográficos, las pérdidas humanas de la guerra, resultan de gran trascendencia para el futuro de un país cuya vida y cuyos habitantes se verán afectados necesariamente por los vacíos generacionales a consecuencia, sobre todo, del aumento de la mortalidad y la disminución de la natalidad.

Estado de la cuestión
Éste es el complejo panorama histórico y demográfico que se oculta cuando solamente se habla de los muertos por una causa (la represión) y de la sufrida por los frentepopulistas. Ahora bien, si hoy podemos afirmar que estamos ante órdenes de magnitud muy ajustados para conocer el total de víctimas causadas por la Guerra Civil Española, no se debe a otra cosa que a un largo proceso en el que la historia ha desplazado a las afirmaciones exageradas e interesadas de la propaganda y en el que los trabajos sucesivos han permitido llegar al actual estado de la cuestión.

Las principales referencias son una temprana investigación acerca de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil de Jesús Villar Salinas (publicada en 1942) y la obra de Ramón Salas Larrazábal (1977) a la que hemos hecho algunas precisiones que hoy nos parecen comúnmente aceptadas.

En 1985, Juan Díez Nicolás basándose en las tasas de mortalidad de las defunciones inscritas, estimaba que entre 19361941 habían muerto violentamente unos 300.000 varones, cifra muy similar a las obtenidas por los hermanos Salas Larrazábal y a la que se deduce de las oficiales por causa de muerte. A una conclusión semejante llegaban Tomas Vidal y Joaquín Recaño, quienes atribuyen al conflicto medio millón de bajas, incluida la emigración.

Por último, podemos verificar que el orden de magnitud señalado (unas 300.000 muertes violentas) encaja en el balance demográfico general atribuible a la Guerra Civil. Para ello acudimos a las cifras de población absoluta y del movimiento natural observado en los años 19301950 y efectuamos una proyección de población estimando cuál hubiera sido el crecimiento de la población absoluta en caso de no haberse hecho notar las consecuencias del conflicto. En la hipótesis propuesta, la pérdida de población (puesto que la tasa aplicada ya acusa la caída de la natalidad y la emigración queda compensada por el retorno de los años anteriores) sería de 594.269 personas. Como la sobremortalidad por enfermedad se sitúa algo por encima de las 300.000, cabría atribuir a las muertes violentas una cantidad semejante, volviéndonos a situar en las cifras de referencia (300.00 bajas, incluyendo acción de guerra y represión).

Historia versus memoria
Pero la cuestión de las cifras no puede dejar a un lado otras no menos importantes. Porque la memoria no es simple recuerdo biográfico sino conciencia formada por un tejido de experiencias, ideas, valores asumido, lecturas o transmisión de otras informaciones.

Por eso, todo lo que se construye bajo la etiqueta de la memoria histórica es una mezcla de amargura y parcialidad, escrita bajo la influencia de odios demasiado recientes.

No basta con esperar sentados a que la memoria histórica se agote en su propia esterilidad. Puesto que no pertenece al patrimonio científico de la historia debe ser dejada a un lado en el debate intelectual y carecer de cualquier aplicación docente o jurídica. Pero al haber sido ya asumida por la oligarquía política, una sociedad democrática madura (si lo es la española) tendrá que descubrir que los verdaderos historiadores no se consideran en posesión de una verdad meta-histórica capaz de interpretar y juzgar el pasado a la luz de los principios actuales (o precisamente de la falta de ellos). Nuestro objetivo es procurar que los conocimientos y los interrogantes acerca del ayer estén al alcance de todos.

Para eso es necesario abrir una extensa reflexión sobre los usos públicos de la historia, y proponer soluciones que permitan resistir más eficazmente a las tentativas de instrumentalizarla. Y eso no será posible sin la derogación de los instrumentos legales promovidos por la ideología de la memoria dejando espacio únicamente a medidas jurídicas para reparar las injusticias cometidas en la destrucción de testimonios históricos y documentales o en la glorificación indebida de personajes y circunstancias del pasado.
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