Domingo, 28 de abril de 2024

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Existe el derecho de huelga, pero...

por Un obispo opina

En estos días ha habido una serie de manifestaciones, especialmente en Madrid, como protesta ante ciertas decisiones del gobierno sobre normas económicas. Es lógico que si hay algunos grupos que no están de acuerdo con esas leyes o decretos, tengan derecho a protestar, pero teniendo en cuenta que una manifestación no es una algarabía y un motivo de destrozar tiendas y escaparates; por lo que una de dos: o el Estado permite la destrucción de bienes sociales o privados, o toma cartas en el asunto.

Por otra parte, cuando suceden estos casos y hay tensión con la policía, inmediatamente acusan a la policía de que ha sido violenta en su reacción contra los manifestantes; olvidan que la policía tiene el deber de mantener el orden público y, normalmente, son más los policías heridos que los manifestantes; y en algunos canales de televisión se ven más las acciones de los policías contra los manifestantes que las acciones de los manifestantes contra los policías.

Nunca hay que olvidar que hay que actuar en aras del bien común. Debe siempre respetarse la ley. No veo correcto que por medio de piquetes o de cualquier otra manera, se obligue a parar en las fábricas, que se corten las vías de comunicación, que se impida acceder a los puestos de trabajo bajo amenazas, que se obligue a paralizar por la fuerza los transportes públicos y cosas por el estilo. O sea, lo que no me explico de ninguna manera, es que un grupo de sindicalistas puedan paralizar toda la nación.

Tampoco me explico que la autoridad del Estado no actúe con decisión y contundencia. A mi modo de ver, unos sindicatos no son quiénes para actuar así. Bien que no trabajen los que no quieran, pero ¿paralizar a toda la nación? ¿con qué derecho? Y que las autoridades permitan eso, la verdad, no me lo explico. El poder forzar por las buenas a todo el mundo a unirse a la huelga ¿es legal? Y si no lo es ¿por qué no hacerles cumplir la ley? Y esa es tarea de la autoridad que debe cumplir con su deber y, sobre todo, que el pueblo ha de alabar su actuación cuando vea que se cumplen a rajatabla las penas que se puedan imponer a los que han ido contra la ley.

Por último, no sé si sería posible que, al autorizar el Estado una huelga o una manifestación, exigiese a los dirigentes de las entidades que la convocan, que se comprometiesen con las debidas garantías, a sufragar los destrozos que puedan hacerse durante la misma, que a veces son muchos. Desde luego ya se cuidarían los responsables de la manifestación o de la huelga de tener gente que cuidase del orden y de que no se hiciesen salvajadas como se hacen en casi todas. ¿Quién paga las consecuencias? ¿el comerciante a quien le han destrozado lo que tenía en su tienda? ¿los que han organizado la manifestación o la huelga? ¿la autoridad? Porque es la autoridad la que ha dado el permiso.

A los responsables de estos desórdenes ¿se les debe exigir que cumplan con multas o con cárcel, la pena merecida, y no que estén cuatro días detenidos y volver a empezar?

José Gea
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