Miércoles, 12 de mayo de 2021

Religión en Libertad

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¿Qué va a hacer el PP con la Ley de aborto?

por Luis Antequera

 
            La posición del Partido Popular por lo que a la Ley de aborto se refiere está mucho más clara de lo que se acostumbra a decir. La expresa con bastante nitidez el propio programa electoral con el que el Partido Popular se ha presentado a estas elecciones (cosa distinta es que guste más o menos o que responda a las expectativas o no lo haga, pero no por ello deja de ser clara):
 
            “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.”
 
            Muy en línea, por cierto, con lo que en un encuentro informativo organizado por La Razón afirmó el pasado 11 de octubre la persona que parece llamada a llevar la promesa a la realidad, a saber, Ana Mato(1):
 
            “Una vez conozcamos la sentencia, modificaremos la normativa”.
 
            Expresada por la misma persona, con mayor claridad aún, al diario digital Ya en fecha 2212-2008, esto es, antes incluso de que estuviera aprobada la Ley Aído, a la que se refería en estos términos:
 
            “El PP es contrario a que se modifique la actual regulación [Ley de aborto de 1985 que despenalizaba el aborto en tres supuestos], que ha sido amparada por el Tribunal Constitucional, y, lo que hay que hacer es aplicar la ley con rigor y perseguir su incumplimiento, como quiere la mayoría de los españoles”.
 
            Es decir, va a haber reforma de la Ley Aído (y si no la hay, el PP estará incumpliendo una promesa electoral). Una reforma que con toda probabilidad, va a tener tres ejes:
 
            1º.- Va a suprimir la posibilidad de que las niñas de dieciséis años puedan abortar sin informar a sus padres, es más sin su permiso.
 
            2º.- No va a prohibir todo aborto.
 
            3º.- Intentará aproximarse bastante a la situación preexistente a la Ley Aído, es decir, aborto despenalizado en supuestos concretos.
 
            La solución no es la deseable. Milito entre los que desean vivir en una sociedad en la que no se practiquen abortos: por ninguna causa, abortos cero. Para cada uno de los supuestos imaginables en el que una mujer pueda desear practicarse un aborto, existe una solución distinta de la del aborto y mejor. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es otra: modificar la Ley Aído para volver a modelos similares a los que ya teníamos, ¿es un paso positivo o no lo es? En otras palabras: los que estamos contra toda forma de aborto, ¿podemos apoyar el paso adelante, o no podemos hacerlo?
 
            Lo primero que yo diría al respecto es algo que ya respondí en los comentarios de algún artículo anterior en esta misma columna: “No te niegues nunca a dar un paso adelante porque sea corto. De pasos largos tanto como de pasos cortos, está hecho el camino. No dejes de dar éstos por dar sólo aquéllos”.
 
            Desde el punto de vista de la moral cristiana, el tema ha sido abordado, a mi entender con acierto, por el Papa Juan Pablo II en uno de los documentos más importantes emitidos por la Iglesia en el s. XX: la encíclica titulada Evangelium Vitae:
 
            “Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva [de aborto], es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. […] En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos” (op.cit. 73).
 
            Pero están, en tercer lugar, los elementos más prácticos de la cuestión. Volver a la situación del aborto delictual con supuestos despenalizados, es, a todas luces, más positivo que permanecer en la situación en la que el aborto es simple y llanamente un derecho de la mujer.
 
            Se podrá argumentar que el número de abortos con un sistema o con otro es parecido, y no faltará razón a quien ello esgrime si nos atenemos a los datos que conocemos. Pero tampoco hay que desdeñar otros efectos casi tan nocivos, procedentes de una legislación que considera el aborto como un derecho.

            El primero es la dificultad intelectual de oponerse a lo que se considera un derecho tanto mayor a la que lo considera un delito, aunque no sea perseguido en una serie de supuestos. Una dificultad que -y me consta que el Gobierno saliente estaba en la línea de dar ese paso- podría llegar a implicar, en la interpretación más radical de la cuestión, que por cuanto tiene de ataque al ejercicio de los derechos por sus titulares, oponerse al aborto pudiera llegar a ser considerado el delito que ya no es el aborto. Paradójico ¿no? Y que tiene, desde luego, una segunda lectura: la de la deslegalización, incluso la penalización –línea en la que el Gobierno saliente estaba también trabajando- de la objeción de conciencia por parte de los profesionales concernidos.
 
            Pero queda aún otra cuestión. La minimización del número de abortos, algo que todos deseamos porque al fin y al cabo “cada vida cuenta”, se puede conseguir también, aun en un escenario de aborto despenalizado en supuestos determinados, por la vía de las medidas proactivas destinadas a fomentar, a valorizar y a asistir a la maternidad, a todo tipo de maternidad, y sobre todo a la “maternidad atribulada”. Una vía en la que vale la pena profundizar incluso en la situación de adelgazamiento del estado y de las prestaciones estatales que nos disponemos a recorrer en la presente situación de crisis económica, aunque sólo sea por los efectos benéficos que para el estado tiene el crecimiento demográfico de la nación.
 
            Estoy convencido que medidas tales como, por ejemplo, que entre el momento en el que se pide la realización del aborto y el momento en que se practique hayan de pasar diez días (medida implementada en Rusia), o que toda madre que aborte esté obligada a realizarse y a visionar una ecografía en 3-D del feto, podrían ser, por sí mismas, capaces de reducir la cifra de abortos a menos de la mitad.
 
            Las ayudas directas y palpables, monetarias, logísticas, a las “madres atribuladas” unidas a la agilización de instrumentos valiosísimos como el de la adopción en un país de adoptantes como es hoy día España, serían capaces, por sí mismas, de promover una nueva reducción de la cifra de abortos a la mitad.
 
            En tanto conseguimos el objetivo por todos deseados de una sociedad en la que el aborto sea considerado repugnante e intolerable, y en la que por lo tanto, no se pueda practicar, -algo para lo que, reconozcámoslo como tristemente es, no existe consenso social, nuestro trabajo ha de consistir precisamente en hacer pedagogía en ese sentido- , vale la pena explorar esos caminos. Lo que no tiene porqué implicar en modo alguno, la menor de las claudicaciones por lo que al objetivo final de nuestra lucha respecta. Nunca se ganó una guerra sin ganar antes las batallas, y nunca se ganaron las batallas sin abordarlas con una buena estrategia y con los mejores generales.
 
 
                (1) Y eso que como decíamos ayer, nunca hasta la fecha se ha realizado la legislación sobre el aborto en el ministerio de sanidad. La Ley de 1985 la aprobó el de justicia, y la de 2010 o Ley Aído el de igualdad.
 
 
            ©L.A.
            encuerpoyalma@movistar.es
 
 
 
 
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