La Iglesia católica ha perdido en Haiti, además de miles de fieles, al arzobispo de Puerto Príncipe, Joseph Serge Miot, a aproximadamente cuarenta religiosos y religiosas, varios sacerdotes, la catedral metropolitana, el seminario diocesano, ochenta parroquias y trescientas veinte capillas.

La Iglesia católica ha canalizado desde el primer momento en todo el mundo miles de iniciativas de aportación de fondos económicos, alimentos y medicinas para socorrer al pueblo de Haiti, además del esfuerzo multiplicado de las congregaciones presentes en el país con los escasos recursos que tienen.

Es más, antes del terremoto la Iglesia católica ya era, in situ y con la ayuda de los católicos de todo el mundo, uno de los principales paliativos al hambre y la miseria del país más pobre de América.

Nada ello obsta a El Gran Wyoming para una acusación sin paliativos ni matices a los «católicos»: edificar su poder «sobre montañas de muertos de hambre», según escribe en su artículo de este sábado en el diario Público.

El pretexto lo brinda la polémica surgida tras la decisión del ayuntamiento de Vich (Barcelona) de no empadronar a inmigrantes ilegales. El alcalde y principal responsable de la medida, Josep Maria Vila d´Abadal, gobierna con el apoyo del PSC, pero, curiosamente, a quienes denuncia El Gran Wyoming  es a una serie de cargos del PP que se han pronunciado al respecto. Hasta ahí, algo normal en el ámbito del debate político y mediático.

Pero inopinadamente el cómico introduce el concepto moral y religioso de pecado («se ha abierto la veda: ser xenófobo no es pecado») para empezar a desviar el tiro, y termina con una acusación que se sale del ámbito partidista: «
Señores demócratas de centro, constitucionalistas y católicos: esos a los que señalan con el dedo como delincuentes usurpadores son los mismos que intentan salir de debajo de las piedras en Haití. Son los mismos. No edifiquen su poder sobre montañas de muertos de hambre».

Que, como acusación, no está nada mal, sobre todo si se tiene en cuenta que la Iglesia es el principal apoyo social no público que tienen los inmigrantes en España.