La Comisión de Educación del Congreso, con el apoyo de PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, y el voto en contra del PP y CiU, aprobó en la noche del miércoles que el Gobierno español traslade al ordenamiento jurídico nacional la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que concedía la razón a una persona en su denuncia al Estado italiano por la presencia de crucifijos en un colegio público.

El recién nombrado arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes, ha asegurado esta mañana en la cadena COPE que esta inictativa es «una cortina de humo muy provocativa», pero, al mismo tiempo, «una estrategia de un diseñor que pretende desmontar una historia y una hurdimbre», que es la del pueblo español, que ha hehco del crucifijo «símbolo delibertad, entrega y una autoridad moral de la que algunos tanto adolecen».

Monseñor Sanz se ha preguntado si la iniciativa de ERC o de otros «partidos marginales» es la que condiciona al Gobierno o es al contrario. «¿Quién empuja y quién se deja empujar?», ha expresado el prelado.

Desde el PSOE, Luis Tomás ha dicho que se trata de instar al Gobierno a que incluya esta jurisprudencia en la próxima modificación de la Ley de Libertad Religiosa.

Este tema va en la línea «de situar a España entre los países más avanzados en derechos políticos y sociales», ha recalcado Tomás, que ha añadido que su grupo quiere «seguir avanzando en la aconfesionalidad y laicidad del Estado».

El portavoz de Educación del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha señalado que con esta proposición el PSOE «está generando un problema, un conflicto social y educativo innecesario». «No existe guerra de símbolos religiosos, y son ustedes quienes lo generan» con estas iniciativas, ha señalado Gómez Trinidad. Asimismo, el diputado del PP encadenó una serie de interrogantes sobre la pretensión última de los socialistas: «¿Prohibirán los villancicos?; ¿quitarán la cruz de la bandera de Asturias?; ¿llegarán hasta las casas para quitar los símbolos religiosos?».

La portavoz de CiU, Mercé Pigem, ha rechazado la enmienda porque va «en contra de la libertad de ideario de los centros», tanto públicos como privados, por lo que ha defendido «la autonomía de los mismos en este y otros temas».

Pero el portavoz socialista aseguró que sólo se refería a los públicos. Luis Tomás reconoció, eso sí, que esta proposición se enmarca «en la revisión que el Gobierno prepara sobre la Ley de Libertad Religiosa, y por respeto a los 11 millones de votantes socialistas». Inútiles fueron para el PP los argumentos del diputado socialista de que esta decisión «no niega el hecho religioso, lo respeta en toda su amplitud, pero ahonda en la aconfesionalidad del Estado».