Según un informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la asociación Profesionales por la Ética, «el principio de autonomía pedagógica contemplado en la LOE permite la concreción y desarrollo curricular de EpC, pero no la exclusión de contenidos explicitados en el currículo reglamentario». En el informe, los objetores al conjunto de asignaturas que se amparan bajo el nombre de Educación para la ciudadanía, aseguran que «los planes de diversificación previstos en la LOE tampoco son un recurso legal que permita la "adaptación" mediante la exclusión de contenidos obligatorios» y que «no existe autorización legal para la "adaptación" de EpC al ideario católico, ya que esta requeriría una resolución administrativa que cumpliera las formalidades exigidas por la legislación aplicable, lo cual no ha existido».

El profesorado, por el aro laicista

Según el informe, la imposibiidad de la adaptación de la asignatura también vendrá dada porque la ley legitima «que los profesores de EpC utilicen textos y materiales o realicen actividades ajustadas al currículo legalmente diselñado, incluso en contra del carácter propio de los centros».
 
Por si esto fuera poco, los objetores a la asignatura denuncian que «es previsible que, en el futuro, se exija una formación de posgrado especializada para impartir EpC, titulación que ya está siendo ofertada por Universidades y entidades de ideología laicista. En este caso, los centros católicos se verán obligados a contratar a profesores que tengan esa formación, incorporando a su proyecto educativo a perfiles ideológicos muy alejados de su ideario».

En definitiva, la ley sólo deja dos opciones: o enseñar EpC tal y como la ha diseñado el Gobierno u oponerse a ella por medio de la objeción.