El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona ha elaborado un documento en el que defiende que la mujer pueda decidir libremente durante las primeras 14 semanas de embarazo si quiere abortar e introduce un criterio socioeconómico hasta la semana 22 para resolver el "vacío legal" de la legislación actual y evitar fraudes.

Con esta propuesta, el OBD pretende intervenir en el debate social que se ha generado y acabar con la situación de inseguridad jurídica derivada de la aplicación que se hace de la actual ley, la cual es calificada como desfasada por María Casado, titular de la cátedra Unesco de la Universidad de Barcelona y directora de este organismo.

Casado ha señalado que se quieren adecuar la legislación a la realidad, que las condiciones para poder abortar sean claras y accesibles, que se garantice la seguridad jurídica, se respete la autonomía de las mujeres y su capacidad de decidir, y se facilite el acceso a la población con menos recursos. El documento pretende que no haya plazo para acabar con la vida del feto en casos en los que haya peligro grave para la salud física o psíquica de la madre, cuando se detecten graves malformaciones del propio feto o cuando una enfermedad materna implique una alta probabilidad de graves secuelas para el mismo.

Desde el Observatorio de Bioética se considera necesario que haya una comisión externa que valore estos supuestos y que emita un dictamen en el plazo de quince días, entendiéndose el silencio administrativo como una contestación afirmativa. En los casos de violación, propone que se permita la administración de la píldora del día después si lo quiere la mujer, y si ha pasado el tiempo de eficacia del fármaco sea ella misma la que decida libremente el aborto en las primeras 14 semanas.

Cuando las embarazadas sean menores, se propone que entre 16 y 18 años sea la mujer la que decida lo que quiere hacer, sin que los padres o tutores puedan oponerse, y que de los 12 a los 16 sea la menor quien tome la decisión, pero de acuerdo con sus progenitores o tutores. En caso de desacuerdo, deberá haber un mediador que intente alcanzar el consenso. El texto del Observatorio pide también que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no suponga un perjuicio para la paciente, y que sólo se admita cuando no limite la atención sanitaria obligatoria.

Según Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal de la UB, hasta ahora ha habido falta de voluntad política para cambiar la ley actual, pero desde Cataluña se puede presionar para que se pongan en marcha estos cambios, y más tras la resolución del Consejo de Europa sobre el aborto de la semana pasada, que insta a sus miembros a despenalizarlo.

--------------

La mirada desenfocada del Observatorio Por Rafael Amo Usanos ¿Ideólogos de la muerte? Por Guillermo Juan Morado La maldad enseña su cara más perversa Por Luis Fernando Pérez Bustamante