(Ep/Gaceta) El profesor Usandizaga reconoció que los obstetras están "preocupados" ante la posibilidad de que "se legalice el aborto libre", porque dejaría de ser un delito y las mujeres no necesitarían "de justificante de ningún tipo". A su juicio, el "aborto libre" llevaría "a la banalización de esta práctica, posteriormente a su financiación como nuevo método de control de la natalidad" y después, a su implantación como "obligación", lo que supondría "un auténtico genocidio" y pondría en aprietos a los ginecólogos que, por razones morales, se negasen a realizar estas intervenciones que, legales o no, a la mayoría de estos profesionales se produce "una inevitable repugnancia". El experto denunció que la actual legislación del aborto se convirtió "en un coladero" con la inclusión del tercer supuesto, el que permite el aborto en caso de peligro para la salud de la madre, y que, a su juicio, despenalizar ahora esta práctica en todo los supuestos llevaría "al aborto libre, después a su banalización y posteriormente, a su financiación y obligatoriedad", ya que se convertiría "en un nuevo método para controlar la natalidad". En este sentido, criticó "la indiferencia y la hipocresía" con las que la sociedad observa los denominados "abortos tardíos", a pesar de que después, "se escandalicen" cuando leen en la prensa que se han encontrado restos de fetos humanos en algún contenedor. "La sociedad practica el ojos que no ven, corazón que no siente", sentenció Usandizaga, quien asegura que las mujeres que piensan abortar "se lo pensarían dos veces si vieran una ecografía de su bebé". Aclarar las "confusiones" sobre la eutanasia Del conflicto biojurídico de la eutanasia habló el presidente de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, Álvaro Gándara, quien aseguró que, antes de plantear un debate sobre su posible legalización, debería conseguirse la cobertura universal de los cuidados paliativos en toda España. Sobre este punto, recordó que en España, el cuarto con mejores cuidados paliativos del mundo, aún el 40% de los pacientes "muere mal", a pesar de que, con el presupuesto dedicado por la Comunidad de Madrid a administrar la vacuna que previene el cáncer de cérvix, se podría dotar de cuidados paliativos a toda la comunidad. Asimismo, cree que antes de poner sobre la mesa el debate sobre la eutanasia, hay que solucionar la "confusión terminológica" que tiene la población respecto a esta práctica, a la que definió como la acción u omisión que tiene como fin acabar con la vida de un paciente con una enfermedad grave e irreversible, ya que los planteamiento de este debate en nuestro país siempre se han hecho "alrededor de casos límites y paradigmáticos", como el de Ramón Sanpedro o Inmaculada Echevarría, y "desde los sentimientos, no desde los argumentos racionales", rodeando el diálogo "de tópicos y malentendidos". Gándara asegura que, a nivel ético, "no existen diferencias" entre la eutanasia pasiva o activa. A su juicio, sólo debería hacerse distinción entre la eutanasia solicitada voluntariamente y la no solicitada y entre la eutanasia y otro tipo de prácticas que la gente "confunde", como el suicidio asistido, que se produce cuando el médico sólo facilita al paciente el medicamento que puede acabar con su vida; o la limitación del esfuerzo terapéutico, que es legal y se produce cuando el enfermo rechaza recibir más tratamientos. Asimismo, el experto pide aclarar conceptos como el encarnizamiento terapéutico, una práctica que consiste en administrar tratamientos innecesarios a un enfermo terminal para prologar un tiempo su vida y que dice, "pertenece al pasado"; o la sedación paliativa, que consiste en administrar fármacos para acabar con la consciencia de un paciente que está sufriendo y que va a morir y que, apunta, "puede estar indicada en uno de cada cuatro o cinco pacientes, los que están agonizando en los últimos días u horas de su vida y sufren problemas como la disnea o el delirio". Denuncia también que el movimiento a favor de la legalización de la eutanasia esta promovido "por grupos que malinterpretan la autonomía personal" y que desconocen la situación de los países que, como Bélgica y Holanda, han legalizado esta práctica y ahora están teniendo que enfrentar problemas como la ruptura de la relación de confianza médico-paciente y el convertir al médico, no sólo en un profesional encargado de administrar la vida, sino también la muerte.