Los obispos bolivianos se han dirigido a los padres de los alumnos de las 1.523 instituciones educativas católicas del país para anunciar que los centros “no pueden seguir garantizando la enseñanza, la educación cristiana y una formación integral de calidad”. Una reciente ordenanza del Ministerio de Educación arrebata a la dirección de colegios, institutos y universidades las competencias para seleccionar a sus docentes, que serán designados directamente por el ministerio.
La Iglesia denuncia que esta disposicion viola la Convención Estado-Iglesia sobre cooperación educativa. Según Carmen Suárez, delegada de la Comisión Educativa del Vicariato Apostólico de Pando, se estaría estudiando la posibilidad de adoptar “medidas de carácter demostrativo, como el cierre de todas sus instituciones educativas o una huelga”.
La carta enviada a los padres está firmada por Jesús Juárez Parraga, arzobispo de Sucre y presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. Los obispos también han enviado una nota al ministro Roberto Aguilar en la que declaran que la educación católica se encuentra “en estado de emergencia” y exigen que se revoque o derogue la ordenanza ministerial n. 083/2018.
La profesora Suárez manifestó a la Agencia Fides su convencimiento de que el gobierno “tiene la intención de eliminar el sistema educativo privado en Bolivia, y tiene en la mira sobre todo al católico”, que comprende la mayoría de las instituciones educativas privadas en Bolivia.