La resistencia de la sociedad francesa contra el matrimonio homosexual se mantiene viva tras la aprobación de la ley. Y una de las muestras más claras de ese rechazo es el vigor con el que decenas de alcaldes han proclamado que se negarán a "casar" a personas del mismo sexo, aunque les cueste la cárcel, como puede suceder porque así lo castigaría la ley.
Es el caso de Jean-Michel Colo, primer edil de Arcangues, según recogía ReL el pasado miércoles. Pero el alcalde de Montfermeil iba aún más lejos. Xavier Lemoine, del Partido Cristiano Demócrata (fundado en 2009 por Christine Boutin, ex ministra de Vivienda de Nicolas Sarkozy), explicó en el diario Parisien del 2 de julio que una pareja homosexual había solicitado casarse en su municipio, pero que había conseguido disuadirles.
"Recibí una petición, pero no hubo celebración. El matrimonio no tuvo lugar", señaló. Pero hay algo más importante: podría haber delegado los poderes para hacerlo en un concejal del ayuntamiento, y salvar a la vez su imagen y su puesto político. Sin embargo, escogió la coherencia con un argumento contundente: "Quien yo delegase casaría en mi nombre". Coherencia antes que conveniencia.