El viernes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de derechos de la persona ante el proceso final de la vida, conocida como Ley de la Muerte Digna, y el domingo los suizos del cantón de Zúrich ratificaron la vigencia de una legislación que, en sustancia, responde al mismo espíritu: el suicidio asistido.

Esta práctica existe allí desde 1941, pero la presión de grupos sociales cristianos y algunos partidos forzó la convocatoria de un referéndum, celebrado este 15 de mayo. Otros partidos, tanto de derechas como de izquierdas, se opusieron a modificar la legislación.

Se trataba, por un lado, de prohibir pura y simplemente el suicidio asistido, y esta iniciativa fue rechazada por el 85% de los votos.

Pero además, se pretendía impedir que Suiza continúe siendo la capital mundial del turismo del suicidio, introduciendo el requisito de un año de residencia para poder acogerse a él. Esta propuesta fue rechazada por el 78% de los votos.

La participación rondó el 33% y demuestra que este asunto no preocupa a los habitantes de Zúrich, adormecidos por setenta años de esta costumbre.

No vieron peligrar su negocio, por ejemplo, grupos como Dignitas o Exit, que poseen varias clínicas donde dan el pasaporte definitivo a nacionales y extranjeros, la mitad de éstos, alemanes.

Bernhard Sutter, vicepresidente de Exit, ha celebrado el resultado como una muestra de que los suizos "creen en la autodeterminación en el final de la vida". Es prácticamente el lenguaje de la ley que prepara la ministra de Sanidad, Leire Pajín, para rematar una legislatura que arrancó con la implantación del derecho al aborto, que deja poco margen a la "autodeterminación" del feto sobre el final de su vida.