¿Tiene usted "conocimiento directo de la sospecha" de abusos a menores?

Debería avisar inmediatamente a las autoridades civiles (o sea, llamar a la Policía). No hay ninguna ley que lo diga, pero la Fiscalía lo pide ahora a las entidades de Iglesia, y no está claro si lo pide a ninguna entidad más (clubes deportivos, escuelas, scouts).

Lo pide en un documento de 7 páginas filtrado a la prensa, a partir de una consulta del Ministerio de Justicia planteada a la Fiscalía. En España, la Fiscalía depende directamente del Ministerio de Justicia.

En español, una "sospecha" implica que no se tiene "conocimiento directo". Si se tiene conocimiento directo, no es sospecha; si es sospecha, es que no se sabe directamente. "Directo" casi siempre significa que algo se ha vivido en primera persona o se ha sido testigo visual de ello. La frase "conocimiento directo de la sospecha", por lo tanto, es, como poco, confusa y ambigua.

¿Debe cualquier catequista, sacristán o maestro de colegio católico ir corriendo a comisaría si oye rumores de que "aquí, en los años 80, había un cura que dicen que tocaba a los niños"?

¿Y si son rumores de que había una monja que les pegaba con una vara si se portaban mal?

¿Y si un chaval de 17 años esparce rumores entre sus compañeros, en el patio, de que el Padre Paco hizo ayer algo a alguien en el gimnasio a las siete de la tarde, y el párroco sabe perfectamente que es imposible porque a esa hora vio al Padre Paco en una reunión con 20 catequistas? ¿Hay que avisar a comisaría o es evidente (es decir, filtramos) que no? 

La Fiscalía, según titulan los periódicos con acceso al informe de 7 páginas, pide a la Iglesia "no filtrar" (en el sentido de no hacer una selección de datos) pero filtrar es algo que hacen todas las entidades a todas horas, y más las que trabajan con niños, para dictaminar la seriedad o no de una situación. Además, nada impide a los padres y familiares acudir a comisaría.

"Las administraciones especializadas investigarán"

Las siete páginas del informe de Fiscalía incluye esa propuesta: "se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las Autoridades competentes por parte de la Institución en cuyo seno se ha detectado el caso". Esa puesta en conocimiento "habría de realizarse de forma directa por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo de la sospecha del abuso sexual", pide Fiscalía.

"Son estas, las Instituciones y Administraciones competentes y especializadas en la protección de menores (entidades públicas y Fiscalía) quienes deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los menores afectados", afirma la Fiscalía en el informe remitido al Ejecutivo a finales de abril y del que informó este lunes El País.

Los pederastas (buscan placer sexual con niños pre-púberes) y efebófilos (lo buscan con adolescentes) se colocan donde puedan acceder a ellos

Al mismo tiempo, la propia institución afectada puede "en el ámbito de sus competencias" adoptar sus propias medidas para evitar hechos similares.

Los fiscales piden "una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos, para poder dar así una respuesta más eficaz a tan grave problema".

Aplicar los protocolos de los centros públicos

También piden aplicar en las instituciones escolares religiosas "la experiencia de los protocolos ya en funcionamiento en el ámbito de los centros educativos o sanitarios públicos sobre detección y comunicación de abusos sexuales".

Estos protocolos son muy diversos: distintas ciudades, regiones y colegios han adoptados protocolos distintos a lo largo de los últimos años.

Los fiscales creen que en España se necesitan "nuevas iniciativas en relación al establecimiento de mecanismos eficaces para la adecuada prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas, que impliquen a otras instituciones y perfeccionen los mecanismos de actuación".

El informe recuerda los esfuerzos coordinados de entidades civiles, religiosas y administraciones públicas para luchar contra los abusos en entornos eclesiásticos en Holanda (Comisión Deetman), Austria (Comisión Dependiente de la Conferencia Episcopal) o Australia (Real Comisión).

En España, Escuelas Católicas (que agrupa a unos 2.000 centros escolares católicos) anunció en marzo la elaboración de un nuevo protocolo contra abusos en las escuelas.

La Fiscalía no tiene apenas datos para dar

El Ministerio de Justicia solicitó hace cinco meses a la Fiscalía un informe "sobre el número y el estado de las diligencias abiertas actualmente sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa" (no parece preocuparle especialmente al Ministerio la estadística sobre abusos sexuales a menores en otras entidades no religiosas).

La Fiscalía ha respondido que ha buscado datos en "registros, archivos y aplicaciones informáticas o manuales" de las distintas fiscalías pero que carecen "del detalle que sería deseable".

Es decir, la Fiscalía en España no tiene datos oficiales sobre abusos en ámbitos religiosos.

El informe dice que los entornos eclesiales son "entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad, donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos".

Mil denuncias al año (en entornos de todo tipo) de delitos sexuales contra menores

La Fiscalía no dispone de datos sobre casos de abusos sexuales a menores específicos del ámbito religioso, pero sí comunica al Gobierno sus cuentas sobre la incidencia de esos supuestos en toda la sociedad en general. Explica que el año pasado presentó 1.091 acusaciones por este tipo de delitos, un incremento respecto a los 965 casos del año anterior. Sus categorías en 2018 fueron:

- 761 denuncias de abusos sexuales a menores
- 144 denuncias de exhibicionismo y provocación ante menores
- 137 agresiones sexuales contra menores
- 26 denuncias por violación (es decir, con penetración)

En 2018 Fiscalía registró 737 condenas por estos delitos a menores, de las que dos tercios eran abusos y 13 casos eran violación.

En 2017 hubo 560 condenas.

Si la misma Fiscalía no sabe cuántos de estos casos implican a entidades religiosas, pese a que se lo pida la Ministra de Justicia, es difícil contabilizar los casos, pero repasando hemerotecas de 2017 o 2018 pueden salir quizá 10 o 15 sentencias al año en entornos de Iglesia (serían 1 o 2 casos eclesiales por cada 50 que no lo son). Después de la campaña del diario El País animando a más denuncias, puede que en 2019 salgan algunas sentencias más.

Hay que tener en cuenta que algo más del 15% de la enseñanza no universitaria en España tiene lugar en las más de 2.000 escuelas católicas, que suman 1,2 millones de alumnos y que la Iglesia católica cuenta con 22.000 parroquias donde cada año celebran su primera comunión unos 250.000 niños de unos 9 años.