Jesús Muñoz de Priego es abogado y promotor de la plataforma ‘enLibertad’, que de la mano de Escuelas Católicas, defiende la libertad de enseñanza y elección de centro.  Es además coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su Inspectoría María Auxiliadora así como asesor jurídico  de otras congregaciones religiosas, fundaciones, entidades sociales y centros educativos concertados.

Dada su experiencia en este ámbito ha participado en II Encuentro de Colegios de la Provincia Claretiana de Santiago donde hizo una radiografía de la escuela concertada en España y especialmente la del ámbito católico. Y en una entrevista con Javier Beltrán para Vida Nueva analiza las fortalezas, los peligros y los enemigos de los colegios católicos:


- En realidad entiendo que el fondo no varía, que ha sido siempre el mismo, aunque la respuesta se vaya convenientemente adaptando al escenario y las necesidades del momento. Se trata de un ofrecimiento de un proyecto, una propuesta de hombre, de ofertar una determinada educación integral, para que aquellos que la compartan o la quieran conocer puedan escogerla libremente para la educación de sus hijos. Se trata, una vez más, del “educar evangelizando y evangelizar educando”. “


- Prefiero motivar la defensa de la libertad de enseñanza desde lo positivo y sus bondades, más que desde el alarmismo y la visión apocalíptica. Pero lo cierto es que hoy se está cuestionando gravemente, y ya hay quien defiende abiertamente (incluso varios grupos políticos en sus programas electorales) una escuela pública única, como modelo excluyente, y eso es totalmente incompatible con la libertad de enseñanza. Luego si no reaccionamos es probable que en un futuro, no demasiado lejano, ya no quede margen de retroceso para que los ciudadanos se den cuenta de lo que supone perder la libertad de enseñanza en cuanto a menoscabo en libertad, en pluralismo, en pérdida de capacidad crítica y en perjuicio para la democracia.


- Entendemos que hay cuatro aspectos fundamentales de amenaza:

1. Una normativa ya de por sí restrictiva, porque no optó realmente por la libertad de enseñanza. Esta normativa viene marcada por el clásico tándem LODE-Reglamento de conciertos, que no solo permanecen vigentes como normas, sino también sus opciones, y que fijó el instrumento que debería permitir el ejercicio real de la libertad de enseñanza y el desarrollo de su elemento fundamental, que es el ideario, pero que se hizo desde un grupo político que no creía en esta libertad, y que así lo explicitó en el proceso constituyente, y que por tanto lo convirtió en una herramienta que lejos de potenciar la autonomía y el desarrollo del ideario que ofrece el centro, le pone evidentes frenos. Esta normativa es manifiestamente mejorable y requiere sobre todo para corregirla, que el enfoque sea realmente promover la libertad de enseñanza, creer en ella, y no desconfiar de ella y ponerle límites y obstáculos.

2. En segundo lugar, no solo es que la normativa de partida sea reduccionista a la libertad, sino que su aplicación práctica aún es más restrictiva. Y ello desde un punto de vista cuantitativo, principalmente con disminuciones de conciertos educativos en centros incluso con demanda social, pero también desde un punto de vista cualitativo, más sibilino, con el intervencionismo de la Administración y la publificación del centro concertado, convirtiéndolo en un centro público más, impidiendo el pleno desarrollo del ideario, su razón de ser.

 3. La tercera amenaza es un debate social sesgado, basado no en argumentos, sino en prejuicios, en clichés, en mantras ideológicos (la concertada cobra, es elitista, discrimina,…) que no siempre son convenientemente rebatidos. Hay que elevar el nivel de los argumentos.

4. Y finalmente, la apuesta que decíamos de algunos grupos políticos por una escuela pública única, como modelo excluyente, que es incompatible de todo punto con la libertad de enseñanza.




- No. De hecho está obteniendo sentencias favorables en tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo. Pero la jurisprudencia solo nos permite ganar tiempo. El verdadero triunfo de la libertad de enseñanza no se produce en los juzgados, sino en la calle. Hemos de convencer a los ciudadanos de que la Administración pública, sea cual sea, no debe sustraerles su posibilidad de elegir. Los padres son los primeros y últimos responsables de la educación de sus hijos y deben ser ellos, y no la Administración, quien elija el modelo educativo en que sus hijos deben ser educados. Para abundar en esto, hemos presentado la iniciativa “enLibertad”, que pretende tres objetivos: funcionar como un observatorio, analizando la política educativa y la situación real de la libertad de enseñanza en la misma; fomentar un debate social permanente, sosegado y con fundamento; y generar doctrina, con informes, estudios y publicaciones.


- Lo más importante es garantizar, es blindar, la libertad de enseñanza, el sistema de financiación que se utilice para ello está en un segundo nivel de importancia. No obstante, en mi opinión el sistema de conciertos sigue siendo mejor que las alternativas que se plantean, y que no se basan de momento en estudios serios de aplicación en un sistema educativo como el vigente, ya en funcionamiento. Cuando se han hecho alternativas (como con los Ciclos Formativos de Grado Superior en Madrid) se han acabado cuestionando principios como el de gratuidad, igualdad y estabilidad del sistema, que deben ser intocables. En cualquier caso, eso no obsta para que el sistema de conciertos necesite reformas importantes para ser realmente un instrumento para el desarrollo de la libertad de enseñanza, permitiendo más autonomía, poniendo en el centro el impulso del ideario, o cubriendo realmente el coste del puesto escolar, entre otras carencias, por ejemplo.


- Nos falta mucho en ese terreno. Normalmente las movilizaciones coinciden con momentos de pérdidas de unidades concertadas y a veces esa reacción llega demasiado tarde. Hay que concienciar a la ciudadanía y generar corriente social para que ningún gobernante o político se atreva a reducir un concierto si tiene demanda social, si es pedido por los ciudadanos, por los padres.


- Lo cierto es que aún no he tenido oportunidad de estudiarla en profundidad, y no me gusta hacer apreciaciones basándome en los comentarios, a veces sesgados, que salen publicados, pero en cualquier caso no hay prisa, porque hay que esperar, como siempre en estos supuestos, al reflejo que la misma tenga en la justicia española a la que remite, para hacer una valoración de efectos reales.