La imposición de la ideología de género desde las administraciones públicas españolas, a través del sistema educativo y mediante duras sanciones económicas, es ya una realidad operativa en buena parte del territorio nacional. Once de las 19 autonomías y ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) han aprobado en los últimos años leyes en ese sentido, como muestra el informa de Javier Lozano publicado recientemente en Actuall:

Bajo el pretexto de la “no discriminación” en España se están aprobando numerosas leyes que privilegian sobremanera al lobby LGTBI mientras discriminan al resto, la abrumadora mayoría de la población.

¿Son necesarias esta leyes antidiscriminatorias cuando la propia Constitución ya dice que los españoles son iguales ante ley sin que pueda existir discriminación por nacimiento, raza, sexo o religión?

El caso es que estas normativas que complacen las exigencias del lobby LGTBI ya están vigentes en buena parte de las comunidades autónomas. La última y una de las más radicales ha sido la de Madrid, aprobada por la popular Cifuentes, que en el pasado mes de mayo ya aprobó otra de “identidad sexual”.

Regiones como Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias o la ya citada Madrid tienen este tipo de leyes. Para saber hasta qué punto pueden cercenar los derechos fundamentales de millones españoles les ofrecemos un resumen de las leyes autonómicas en materias de “adoctrinamiento sexual”:




En 2014 el Parlamento catalán aprobaba la conocida como Ley contra la Homofobia, una normativa en la que se han inspirado posteriormente otras comunidades autónomas. Una de las principales novedades era la introducción de la “inversión de la carga de la prueba”. Es decir, el supuestamente “discriminado” no debe probar que lo ha sido sino que el denunciado es el que debe demostrar su inocencia. Y todo ello unido a numerosas sanciones económicas a aquel que no piense igual que los miembros de este lobby.

A todo ello había que sumar uno de los grandes objetivos de este tipo de leyes, imponer los postulados LGTB a los niños y para ello se utilizan los colegios, donde los pequeños deben aprender por los principios de la ideología de género.

Esta es la ley de Cataluña: Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersesuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia


La Comunidad de Madrid, regida por la popular Cristina Cifuentes, se ha situado en la vanguardia en cuanto a la promoción del lobby LGTB gracias a no una sino dos leyes aprobadas en la Asamblea de Madrid. La primera, más centrada en la transexualidad, prevé multas y programas para la transexualización de menores mediante “inhibidores hormonales”.

Además, los colegios están obligados a aceptar que los menores puedan elegir el uniforme que prefieran y que sean llamados tal y como deseen. Esta ley tuvo además graves deficiencias pues en ningún momento se consultó a ningún experto médico pero sí se escuchó al lobby LGTBI.

La segunda ley ha sido recientemente aprobada y es la ley de “no discriminación” que discrimina al 98% de la población. A grandes rasgos, esta ley destruye la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos pues impone a los centros ya sean públicos, concertados o privados, los postulados LGTBI.

Por otro lado, acaba con la presunción de inocencia aplicando como en otras comunidades “la inversión de la carga de la prueba” siendo el acusado el que deba demostrar que no es culpable. Y por último prohíbe que la gente pueda ser heterosexual. Pese a defender la diversidad sexual no permite que haya ni terapias ni ayudas para dejar de ser homosexual.

Estas son las leyes de Madrid:
Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid
Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid


Similar a las leyes madrileñas en cuanto a su extremismo es la aprobada por unanimidad en Murcia este mes de mayo. La ley además de aprobar que sea la administración la que pague los cambios de sexo impone la ideología de género en todos los centros educativos, también privados y concertados.

Desde Infantil se enseñará la diversidad afectivo sexual “eliminando los estereotipos de normalidad basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida”. Pero para que los niños sean debidamente adoctrinados, las autoridades vigilarán los contenidos impartidos en los colegios para detectar cualquier detalle que no agrade al colectivo LGTB.

Esta es la ley de la Región de Murcia: Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género


Igualmente radical es la nueva ley de Baleares, aprobada  también el pasado mes de mayo. Incluye la inversión de la carga de la prueba y multas de 90.000 para los que “discriminen”. Por otro lado, los niños son de nuevo el objetivo prioritario y en materia educativa aparece que “los materiales escolares y educativos deberán tener en cuenta la diversidad en relación a la orientación sexual y la identidad de género”.

Esta es la ley de Baleares: Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia


La Comunidad Valenciana está ya muy cerca de tener su propia ley pues ha aprobado ya el anteproyecto de ley que también le colocaría a la cabeza en este tipo de normativas. El proyecto prevé que los menores puedan cambiar de sexo sin el permiso paterno.

Pero además realiza un ataque frontal al derecho de los padres a educar a sus hijos. Prevé importantes multas a quien se enfrente a los postulados LGTBI pero también retirará el concierto a los colegios concertados que no incluyan en los currículos contenidos sobre identidad de género.

Lea algunos de los puntos esenciales del anteproyecto valenciano: La ley de transexualidad de Valencia permitirá a los menores cambiar de sexo sin el permiso paterno


Aprobada también en 2014 por el Parlamento gallego con votos de PP, PSOE y BNG, la norma hace su particular definición de familia con “matrimonios del mismo o distinto sexo”.Además, faculta a la sanidad pública para pagar las operaciones de cambio de sexo y obliga a incluir en los distintos currículos contenidos de educación “afectiva y sexual” marcada por la ideología de género. Al menos esta ley no incluye sanciones como la catalana ni introduce la “inversión de la carga de la prueba”.

Esta es la ley de Galicia:  Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia


La ley andaluza que fue aprobada por unanimidad en 2014 da mucha importancia al ámbito educativo y promueve la transexualización de los menores. Con respecto a los colegios, el texto afirma que si un niño decide que desde ese momento es niña se “debe respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y uso de instalaciones del centro conforme a su género elegido”.

Además, en el colegio le deberán llamar con el nombre que el transexual quiera, “en especial en aquella (documentación) de exposición pública como listado de alumnado, calificaciones académicas…”. Algo similar ocurre en el ámbito sanitario donde se prioriza igualmente la atención gratuita para la transexualización de adultos y también de menores.

Esta es la ley de Andalucía: Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad de Andalucía


La ley aprobada por el gobierno canario también en 2014 sigue la estela de la de Andalucía y afirma, entre otras muchas disposiciones, que la administración autonómica “asegurará que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades particulares del alumnado”.

Igualmente, pueden ser llamados en los colegios como deseen y elegir las instalaciones “conforme a la identidad de género sentida por la persona”. La normativa también obliga a sufragar los procesos de transexualización, incluidos los menores de edad.

Esta es la ley de Canarias: Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad Autónoma de Canarias


Aprobada por unanimidad por los diputados extremeños en 2015 destaca la introducción en los planes de educación del contenido LGTB así como otra serie de “campañas informativas en el ámbito educativo”. 

La normativa incluye sanciones de hasta 45.000 euros a quien “discrimine” a este colectivo. Los extremeños sufragan mediante impuestos los cambios de sexo, entre otras medidas. Además, la ley también privilegia a este colectivo dando “visibilidad” a las fiestas del Orgullo Gay, fiesta de los palomos, y la conmemoración de la despatologización de la homosexualidad.

Esta es la ley de Extremadura: Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura


Aprobada en 2012, fue la segunda comunidad autónoma en aprobar una ley de estas características. La ley establece la gratuidad de todos los procesos de transexualización y en el ámbito educativo establece la inclusión en los currículos materiales “para la comprensión de la identidad de género”.

Esta es la ley del País Vasco: Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales


Navarra fue pionera en España. Fue la primera región que aprobó este tipo de leyes y lo hizo en 2009 con la oposición de UPN y con la participación directa del propio lobby LGTBI. En materia sanitaria es el menor y no el médico el que decide qué tipo de tratamiento quiere en su proceso de transexualización y en materia educativa también obliga a que en los colegios se tenga que hablar de este colectivo.

Esta es la ley de Navarra: Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales