Según avanzó ayer la consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, desde que entró en vigor la nueva ley del aborto en España -que prevé que la sanidad pública asuma el coste de las "interrupciones voluntarias del embarazo"-, 1.904 mujeres han solicitado a la institución pública el abono del coste de la intervención.
Según precisó el departamento de Salud, ello significa un total de 709.000 euros de gasto para las arcas del Govern. El coste de cada intervención está entre los 350 y 600 euros.
Las mujeres de escasos recursos, como no deberán adelantar la cantidad, ya que el Govern les cubre de entrada el total del coste de la intervención.
Geli reconoció que las prácticas de abortos en mujeres con menos de ocho semanas de gestación han aumentado. Si bien en 2006 constituían un 42,5% del total, en 2009 subieron al 52,7%. La consejera atribuye las cifras al aumento de información que tienen las mujeres.
Hasta que la normativa esté totalmente desplegada —a partir del 1 de junio de 2011— las mujeres que deseen poner fin a su embarazo deben abonar provisionalmente el coste de la intervención (entre 350 y 600 euros), cantidad que les será reembolsada por la Generalitat que se ha visto obligada a emitir recientemente bonos para pagar su creciente aparato burocrático.
Asimismo Geli señaló que han descendido las intervenciones abortivas entre las inmigrantes, que en 2008 representaban el 44,9% de las intervenciones y el año pasado bajaron a un 43,1%. En 2009 se practicaron en Cataluña 26.056 abortos (25.302 extrahospitalarios y 744 hospitalarios) frente a los 26.932 registrados en el año 2008 (26.185 extrahospitalarios y 747 hospitalarios).
Finalmente, la titular de Salud de la Generalitat señaló que en lo que va del año 2010 las farmacias han vendido mensualmente alrededor de 10.000 pastillas abortivas, cifra que hace prever que el año se cerrará con unas 120.000 —falta computar las que dispensan la red sanitaria—, el doble de las distribuidas en 2009.