La reforma sanitaria en EEUU

Después de meses de debate y tensión entre partidarios y detractores de la reforma sanitaria en EE.UU., el Congreso y el Senado van a debatir un proyecto de ley al respecto. El voto a favor de Olympia Snowe, la senadora republicana por Maine, dio luz verde al debate del proyecto de ley que permanecía bloqueado en el Comité de Finanzas del Senado.

 

A diferencia del sistema parlamentario español, en EE.UU. los debates parlamentarios sirven para algo. Al no haber listas cerradas ni disciplina de partido, al final el político se debe a sus votantes locales. Aunque le deben algo a los brokers del partido que negociaron las donaciones para costear las campañas electorales, los políticos se juegan el puesto en esos debates.  

 

¿Servirá este para aclarar de una vez por todas cuál es el mal del sistema sanitario estadounidense? No. Y es que habría que preguntarse: ¿sabe alguien cuál es realmente el problema? Lo dudo.

 

El sistema sanitario estadounidense no es un sistema de mercado puro, al contrario de lo que se cree en Europa y lo que dicen muchos izquierdistas estadounidenses, quienes echan la culpa de todos los males a las malvadas compañías de seguros o farmacéuticas. La presencia del estado en el sistema no es ni mucho menos nula. El Gobierno federal ofrece prácticamente el único seguro existente para los jubilados, las personas de bajos recursos y los discapacitados, y es el que decide en exclusiva lo que se va a pagar a los proveedores por los servicios que reciben los pacientes en los grupos mencionados. Además, los gobiernos de los distintos estados son los reguladores y supervisores del sistema sanitario en su territorio, y también participan, junto con los condados y ayuntamientos, como propietarios y gestores de centros médicos y hospitales.

 

¿Quiénes son los agentes privados en este sistema? Los seguros, no todos las rapaces a la búsqueda de beneficios del estereotipo: hay muchas que son instituciones sin ánimo de lucro; adicionalmente, centros médicos y hospitalarios, empresas de analítica, empresas farmacéuticas, médicos, fisioterapeutas, enfermeras a domicilio, etc.

 

¿Cuál es el principal problema del sistema? La explicación más simplista, que se repite tanto en Europa, es que como no hay cobertura universal y los ciudadanos tienen que comprarse su seguro, solo los ricos se lo pueden permitir, y por eso hay tanta gente sin seguro. Primero, habría que decir que ni todos los sistemas sanitarios europeos son universales (ni el francés, ni el alemán ni el belga lo son), ni todas las personas que carecen de seguro en EE.UU. son pobres: muchas deciden no comprar un seguro aunque lo tienen a su disposición, entre ellas personas ricas, porque pueden costearse los tratamientos.

 

En realidad, los dos problemas principales son la falta de portabilidad de los seguros médicos, que hace que a las personas con enfermedades crónicas, una vez diagnosticadas, les resulte muy difícil obtener seguro, y el aumento desorbitado de los costes sanitarios en los últimos quince años. Las causas son muchas y complejas.

 

Por una parte, la contratación de los seguros, en la mayoría de los casos, la hacen las empresas para sus empleados, lo que crea sus problemas, como situaciones de monopolio: el usuario no puede cambiar de seguro a no ser que cambie de trabajo. Por otra parte, las mejoras en los tratamientos hacen que los médicos ofrezcan más servicios y los usuarios los pidan sin pensar en el coste, porque paga el seguro. Luego, cuando el seguro sube la prima, ya es muy tarde para pensar si los servicios van a ser caros o no.  

 

Este último problema, sufrido también por todos los sistemas estatales, lo explicaba muy bien en el Wall Street Journal el profesor Vernon L. Smith, ganador del Premio Nobel de Economía en 2002: son los incentivos a malgastar que crea un sistema médico en el que un tercero paga por los servicios negociados entre proveedor y paciente. ¿Preocupa esto a los políticos? Parece que no: el proyecto de ley, además de obligar a que todas personas estén aseguradas, individualmente o con su empresa, sin eliminar las barreras a la competencia entre seguros, ofrece una opción estatal para el que no se lo pueda permitir, y además, promete más servicios para todos. No hay que extrañarse de que la entidad federal encargada de las proyecciones presupuestarias haya puesto el grito en el cielo por el aumento del déficit que va a suponer, y de que los menos benevolentes con el gobierno no se crean las promesas y piensen que tarde o temprano empezará a racionar el tratamiento que los pacientes pueden recibir. ¿Será el resultado final problemas similares pero con menos libertad de elección?