RNE y la imposición de los postulados de LGTB

Domingo 1 de febrero por la noche. Oigo un programa de Radio 5 que promueve los valores del colectivo Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB). Escucho un editorial en el que se reclama que los centros educativos que no compartan estos valores no reciban dinero público. Me asombro. Recuerdo los debates filosóficos y políticos en radios italianas. Aquí asisto a la propuesta de expulsar del espacio público al disidente.

Partamos de la base de que todas las personas son respetables, y de que todas las ideas son discutibles. Es un axioma básico poco comprendido y menos difundido. Primero: todas las personas son respetables. Nadie debe ser agredido ni física ni psicológicamente, ni despreciado por sus puntos de vista. Ahora bien: todas las ideas son discutibles: es el fundamento de toda sociedad humana, cuyo lenguaje sea la razón. Las emociones son personales, si bien pueden compartirse; pero los Estados, las ciudades, las corporaciones… necesitan regirse por un mínimo de reglas de formulación racional. “El rojo en los semáforos indica alto”. Es un enunciado racional. Pero no puede circularse con seguridad si la norma es “El rojo en los semáforos indica alto (siempre que su estado de ánimo lo acepte)”.

Si todas las ideas son criticables, lo es esta: “Solo posee validez jurídica el matrimonio entre personas de diferente sexo”; pero también es criticable esta otra idea: “Posee validez jurídica tanto el matrimonio entre personas de diferente sexo como el de personas del mismo sexo”. Sin embargo, el editorialista de Radio 5, emisora de Radio Nacional de España (dinero público) sostiene que solo merece el amparo estatal la idea B, no la A. Negar el “amparo estatal” no es, precisamente, participar en un debate intelectual, sino una propuesta de ostracismo.

Luis XIV sostenía que el Estado era él; y el editorialista de Radio 5 piensa de modo análogo: el Estado es él, sus postulados y sus valores. Y los que disientan de esos valores no son Estado, o lo son menos, o de una categoría inferior. Están las castas políticas y también las ideológicas.

Estado somos todos. Los conciertos educativos no son “gracias” que el Estado concede por mor de su liberalidad. El Estado está sostenido por las contribuciones de todos, y a todos nos asiste el derecho de educar a nuestros hijos según nuestros principios y de que nuestros impuestos alivien la escolaridad. Evidentemente el Estado no ha de concertar sin garantías de que el proceso educativo se desarrolle con solvencia. Pero esas garantías no tienen por qué incluir la ideología “LGTB”.

“Nuestros valores estaban antes prohibidos”. Pueden argüir. Bien, pero eso no justifica que ahora se prohíban los anteriores. Eso sería la ley del Talión. En cualquier caso, expulsar del espacio público al adversario ideológico es un acto de violencia, como toda debilidad. Toda debilidad es violenta porque, no pudiendo o no sabiendo desarrollar la fuerza de la razón, emplea la razón de la fuerza.

El editorialista confunde la exigencia de respeto con la prohibición del disenso. Yo tengo la obligación de respetar a cualquier persona, sea su orientación sexual la que fuere; y, al mismo tiempo, tengo derecho a expresar una concepción de la sexualidad en la que no todo vale y en la que unas conductas son morales y otras inmorales; unas ecológicas y otras no ecológicas. Y puedo sostener estas convicciones en la esfera pública y en la privada, a mis expensas, o a expensas del erario público, aquí y allí.

Mis argumentos son bíblicos y filosóficos, literarios e históricos. Mis fuentes, entre otras, son Platón y Aristóteles; San Agustín y Santo Tomás; Dante y Petrarca; Erasmo y Vives; Cervantes y Shakespeare; Quevedo y Calderón; Chesterton y Lewis. Y no voy a pedir a Radio Nacional de España que con dinero público (o sea, mi dinero) impida que editorialicen portavoces de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Sí pido reciprocidad. Confrontemos discursos. Dialoguemos.