¿Existe el derecho a que, mientras te ejecutan, tu capellán te imponga las manos y rece en voz alta?

¿Existe el derecho a que. mientras te ejecutan, tu capellán te imponga las manos y rece en voz alta?

¿O el Estado, cuando te ejecuta, puede decidir impedir ese gesto y esa oración porque considera que esa prohibición es necesaria para la seguridad del acto, e incluso para impedir "ejecuciones chapuceras (botched)"? 

Este es el tema que toca a la vez lo macabro y lo espiritual -como suele suceder con las ejecuciones- que va a examinar el Tribunal Supremo de EEUU.

La pregunta planteada es si debe permitirse que durante la ejecución de un condenado a muerte, haya un asistente espiritual a su lado, imponiéndole las manos como gesto de oración, o simplemente tomándole de la mano, o apoyada en su hombro, y rezando en voz alta.

O, de forma más amplia, si la asistencia espiritual implica que su acompañante esté en la misma sala de la ejecución, tocando al condenado y hablándole u orando.

Capellanes de distintas denominaciones, incluyendo católicos, se han dirigido al Supremo defendiendo que eso debe permitirse, que forma parte de la dignidad humana y que no pone en peligro la seguridad durante la ejecución.

Extraños compañeros

En este tema han coincidido en una línea similar extraños compañeros de cama, como la ACLU (que suele ser una entidad laicista y hostil a las entidades religiosas), el fondo de abogados Becket Law (que ha defendido a las Hermanitas de los Pobres y los hogares de acogida católicas frente a los mandatos anti-vida y anti-familia de la época Obama) y la Alliance Defending Freedom, que suele considerarse un grupo muy conservador pero que en este tema pide, según su línea, más libertad religiosa, también para los condenados a muerte.

Estas entidades llaman a declarar a favor de su postura a capellanes y expertos en el ministerio en prisiones.

Los abogados de Becket Law proclaman que "la presencia de clérigos en ejecuciones, y su capacidad de rezar en voz alta y tocar a los condenados, es una práctica religiosa antigua que nuestras leyes y Constitución defiende de interferencias arbitrarias del gobierno".

Alliance Defending Freedom se refiere en concreto a las normas del Estado de Texas sobre ejecuciones, señalando que esas normas piden un "estricto escrutinio de las políticas gubernamentales que imponen una dificultad relevante en el ejercicio religioso, y la cámara de ejecución no está exenta de este escrutinio".

Incluso se ha pronunciado la Conferencia de Obispos Católicos de Texas (con el apoyo de la conferencia episcopal de EEUU) señalando que todo emana del derecho de las comunidades creyentes de "ministrar [servir, atender] a sus congregantes", mencionado en la Primera Enmienda de la constitución.

Por su parte, Texas se niega a permitir esta asistencia (imposición de manos durante la ejecución y oración en voz alta). Se centran en el caso actual que se analiza, el de John Ramírez, que hace 17 años, cuando tenía 20 años, mató de 29 cuchilladas a Pablo Castro, un dependiente de tienda del turno de noche, padre de 9 hijos, cuando sacaba la basura de la tienda. Le robó un dólar con 25 centavos y lo dejó desangrarse en el aparcamiento.

La ejecución de Ramírez se ha atrasado ya 3 veces. Ahora él reclama que su pastor baptista, Dana Moore, que le ha asesorado los últimos 5 años, esté junto a él en la cámara de ejecución, orando en voz alta e imponiendo las manos.

Religiosos católicos explican su experiencia

La religiosa católica Helen Prejean, conocida por la película Dead Man Walking, y la religiosa Barbara Battista, junto con el sacerdote benedictino Mark O Keefe, son tres líderes católicos especialistas en acompañamiento a condenados a muerte que se han dirigido como expertos al Tribunal Supremo.

Señalan que su presencia es importante para "respetar la dignidad y libertad religiosa del preso" y que no hay razón de seguridad que impida orar en voz alta o imponerle las manos durante la ejecución.

La hermana Prejean, que ha sido acompañante espiritual en 6 ejecuciones, recuerda que ella misma puso su mano sobre el hombro de Joseph o'Dell y oró en voz alta, mientras lo ejecutaban en Virginia en 1997.

El padre O'Keefe en 2020 dio los últimos ritos a Dustin Honken y rezó en voz alta con él mientras le ungía con los óleos justo antes de que le pusieran la inyección letal.

La hermana Battista en 2020 acompañó a William Emmett LeCroy en su ejecución, rezando en voz alta con él la Coronilla de la Divina Misericordia. Recuerda haber seguido orando en voz alta hasta que él dejó de respirar. Después ella bendijo su cadáver y lo ungió con los óleos.

Aunque LeCroy no había pedido el contacto físico, ella lo vio como "un acto de amor y cuidado que aporta consuelo espiritual durante el retorno del individuo a Dios, y la afirmación religiosa de que la persona, pese a sus malas acciones, es amada por Dios".

No basta con estar en silencio: piden contacto y palabras

El texto firmado por estos religiosos defiende que su papel "no es solo estar allí en silencio, sino ministrar [servir] al prisionero al encontrarse con la muerte, aportar consuelo espiritual y una oportunidad final de enlazar con su fe en el momento más crítico".

La hermana Prejean, en un debate reciente sobre la pena de muerte, señalaba que los condenados a muerte reciben "miles de señales de que son basura", pero cuando ella los acompaña en la ejecución les muestra la dignidad que tienen como personas humanas: "yo soy ese rostro, esa persona", señaló... la persona que reconoce su dignidad humana.

El texto que los obispos católicos han enviado al Supremo al respecto recuerda la actual oposición de la Iglesia a la pena de muerte y defiende que la asistencia espiritual está "constitucionalmente protegida de la interferencia del Gobierno". Insisten en que para la Iglesia no hay nadie que, con Dios, no pueda redimirse en vida y que "el Estado debería actuar con justicia y salvar la vida de Ramírez; si no lo hace, debería permitirle buscar la misericordia de Dios en el momento de su muerte".

Cámara de ejecución en Oklahoma - a la izquierda la camilla, a la derecha las sillas para el público

La argumentación de Texas

El Estado de Texas señala que sus protocolos para ejecutar condenados deben equilibrar "la uniformidad en las ejecuciones para reducir la oportunidad de errores, la seguridad y privacidad del personal ejecutor, los derechos del condenado y la acogida de las familias de la víctima [del crimen que llevó a la condena, nota de ReL] y la comunidad [es decir, el público de la ejecución; nota de ReL]".

El portavoz del Estado aprovecha para recordar el crimen horrible de Ramírez y hablar de que los hijos de la víctima quieren "cerrar" el asunto tras 17 años (esperando que la ejecución logre eso). También consideran que la petición de Ramírez es una maniobra para ganar tiempo (sin negar necesariamente que su fe actual sea sincera). Pero eso no dice nada del fondo de la cuestión.

La postura de Texas es que prohibir el toque físico y la oración vocal es la forma necesaria y "menos restrictiva" en la que realizar las ejecuciones. Una jurista convocada por el estado de Texas señala que "a todo el mundo le interesa que no haya ejecuciones chapuceras".

[Sobre ejecuciones chapuceras y dolorosas y su relación con la eutanasia, usando paralizantes que camuflan muertes angustiosas, lea al anestesista Joel Zivot aquí en ReL]

La administración Biden propone al Supremo que reenvíe el tema a tribunales inferiores que investiguen si de verdad es imprescindible por razones de seguridad esa prohibición de oración vocal y gesto táctil.

Precedentes en los dos últimos años

El tema se enlaza con otras causas similares que han llegado al Supremo en años recientes sobre ejecuciones y oración en el trance de muerte. Hay al menos 4 casos recientes que se han examinado.

En febrero de 2019, el Estado de Alabama impidió que un imán acompañara en la cámara de ejecución a un condenado musulmán, Dominique Ray, y el Supremo dio su visto bueno señalando que el condenado había pedido esta asistencia sólo 10 días antes de su ejecución.

Apenas un mes después, el Supremo impidió que ejecutaran en Texas a Patrick Murphy, que se declaraba budista, hasta que no tuviera un clérigo budista a su lado. La norma estatal entonces permitía acompañante espiritual a cristianos y musulmanes, pero no mencionaba a budistas.

El juez del Supremo Kavanaugh señaló que su el Estado quería limitar el acceso a los capellanes, debía ser a los de todas las religiones, o permitirlos todos. Tras la sentencia, Texas decidió exactamente eso: prohibir cualquier capellán en la cámara de ejecución.

El condenado a muerte católico Rubén Gutiérrez llevó esa decisión de Texas a los tribunales, y el Supremo dictaminó que los tribunales estatales debían examinar si de verdad dejar que el condenado elija un asistente espiritual pone en peligro la seguridad de las ejecuciones. En enero de 2021 la corte del distrito concluyó que, efectivamente, no se ponía en riesgo la ejecución con la presencia de capellanes, y Texas tuvo que readmitirlos en las cámaras de ejecución.

En febrero, el Tribunal Supremo obligó a Alabama a esperar sin ejecutar a Willie Smith III hasta que tuviera a su pastor consigo; la ejecución se hizo en su presencia el 21 de octubre.