Lunes, 17 de junio de 2019

Religión en Libertad

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RESPONDIENDO A LAS OBJECIONES

La responsabilidad del Rey en la sanción de las leyes

por Angel David Martín Rubio


D.José Guerra Campos (19201997), Obispo de Cuenca

Una polémica histórica

Al producirse la sanción por el Rey de España y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley que despenalizaba el aborto en determinados supuestos, el entonces Obispo de Cuenca Monseñor Guerra Campos hizo pública una nota fechada al día siguiente (13 de julio) en la que procedía a señalar la gravísima situación creada y a «interpelar a los agresores con la fuerza que exigen la justicia y sangre de los inocentes. Con la dureza implacable con que Nuestro Señor Jesucristo fustigó a quienes se autojustificaban mientras inducían a engaño al pueblo, a quienes escandalizaban a los sencillos».

Se aludía allí con toda claridad a la responsabilidad de las autoridades civiles con mención expresa al Rey. Pero la voz de Guerra Campos no encontró el eco merecido entre sus «hermanos» en el episcopado. En la línea de lo que decíamos en nuestro anterior artículo, la doctrina católica magistralmente expuesta por el obispo conquense iba a encontrar contestación en sedicentes ambientes cristianos como eran los que, por aquellos años, regentaban el periódico Ya, fieles en esto a la posición predominante en la Conferencia Episcopal y a la que se atribuía a la Santa Sede sin que hasta ahora haya sido desmentida. El 19 de julio, aparecía en el diario de la Editorial Católica un artículo titulado «El rey y la ley del aborto» en el que se sostenía que el Monarca quedaba exento de toda responsabilidad moral.

No tardó en producirse la respuesta del Obispo de Cuenca y con fecha 19 de julio de 1985, hacía pública una nota (publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Obispado 8(1985)89-92) con un encabezamiento suficientemente explícito: «MORAL CATÓLICA Y MONARQUÍA CONSTITUCIONAL. La responsabilidad moral del Rey en la sanción de las leyes». Conviene reiterar los argumentos allí expuestos porque son de máxima actualidad a la hora de dilucidar si el Rey tiene capacidad jurídica y obligación moral de paralizar (mediante la negación de la firma) el proyecto de ley que liberaliza el crimen del aborto. Y, sobre todo, porque dan por zanjada la objeción de quienes pretenden que, en virtud del sistema constitucional, el Rey «queda exento de responsabilidad moral sancionando con pasividad permanente y automática todo lo que produzca aquel sistema, aunque ello le convierta en símbolo de un Estado que conculque valores inviolables».

Deshaciendo objeciones

Por otro lado, conviene recordar que no nos encontramos ante dialécticas jurídicas u opiniones de escuela: «mientras dure la ley del aborto, lo que se produce no es sólo una situación insatisfactoria respecto a opiniones o formas constitucionales. Lo que ocurre es que se está destruyendo de manera monstruosa la vida de niños inocentes […] Ni se puede invocar ningún concepto de tratadistas constitucionales. Si una ley ataca esa vida [la de un niño], un Rey constitucional no puede olvidar que esa ley existe con su sanción y sin ella no».

Por último, se precisan los principios morales que deben regir la sanción de las leyes por parte del Jefe del Estado:

— «Es contradictorio dar por bueno un sistema que lleve legítimamente [=legalmente] a efectos inadmisibles. No es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir». Repárese además, añadimos nosotros, que los veinticuatro transcurridos desde la sanción de la primera Ley son tiempo más que suficiente para, en caso de existir dudas, haber resuelto los puntos flacos del sistema en lugar de instalarse cómodamente en él.

«No se puede dar por bueno ningún orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales. Y esto vale también para la Monarquía parlamentaria». Según la Doctrina inmutable de la Iglesia, el ejercicio de de la autoridad política debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral.

  «Como condición permanente, para la licitud moral de la función del Rey o Jefe del Estado, es necesario:

1. O bien, que el Rey tenga facultades para no verse obligado a sancionar gravísimas transgresiones de VALORES ABSOLUTAMENTE INVIOLABLES.

2. O actuar dentro de una Constitución que garantice eficazmente esos valores.

Principios permanentes

Conviene no olvidar, por último, que tanto en el orden histórico como en el de la responsabilidad moral, la persona del actual Jefe de Estado es anterior a la Constitución y se insertó libremente en ella renunciando al claro poder moderador que le daba el marco constitucional en virtud del cual accedió al Trono (las Leyes Fundamentales) y a la caracterización de Monarquía social, católica y representativa.

Y es que en el fondo de todo el problema que hoy se nos plantea únicamente late la resistencia de los poderes humanos, en este caso refrendados por indignos eclesiásticos, a poner por obra lo que Vázquez de Mella recordaba como exigencia de toda Monarquía:

«Los Reyes Magos, guiados por celeste luz, van a postrarse ante la cuna del Dios Hombre como ejemplo del deber que tienen todas las potestades de rendirse ante la suya, y como muestra de la obligación que pesa sobre los reyes de hincar la rodilla y ofrecer la corona al que da y quita los reinos, y juzga las justicias de los hombres».
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