«Los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si lo tuviera, sería absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio». Así de contundente se ha mostrado el secretario general de Profesionales por la Ética (PPE), Fabián Fernández de Alarcón, ante el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad, que dirige Trinidad Jiménez, de una norma legal que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos desde la infancia.

Según Profesionales por la Ética, la formación de estas materias no será impartida por los profesores de los centros, sino por personal sanitario (farmaceúticos, enfermeros, psicólogos, sexólogos) acreditados por el Gobierno, de forma que «no cabrá que los centros educativos apelen a su ideario para oponerse ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública», asegura Fernández de Alarcón.

Según un informe élaborado por PPE, el capítulo educativo de la «Ley orgánica de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo», esto es, la «Ley Aído», «El Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos, ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia». Además, prosiguen en el informe, «la impartición obligatoria de determinado contenidos de educación sexual contraviene la legislación fundamental internacional» sobre Derechos Humanos.