Sábado, 14 de diciembre de 2019

Religión en Libertad

Diputado socialista y activista gay agita las inmatriculaciones: Gil Tamayo responde con la ley

P.J.G./ReL

El diputado socialista y activista LGTB Antonio Hurtado promueve la campaña contra los bienes eclesiales
El diputado socialista y activista LGTB Antonio Hurtado promueve la campaña contra los bienes eclesiales

En España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene pocos diputados, poco tiempo para gobernar y poca capacidad de maniobra, así que para atraer a los votantes de izquierda radical de Podemos e Izquierda Unida recurre a un método clásico: hostigar a la Iglesia.

Entre sus militantes laicistas veteranos dedicados a ello está el diputado por Córdoba y activista LGTB Antonio Hurtado Zurera, gran promotor de una proposición no de ley sobre las inmatriculaciones de la Iglesia.

El País, diario cercano al Partido Socialista, lo anuncia así: "El Gobierno exigirá los bienes públicos que la Iglesia ha puesto a su nombre: Justicia ultima el listado de las propiedades registradas por obispos y sacerdotes al amparo de una ley franquista".

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El diputado socialista Antonio Hurtado Zurera es
un activista gay -aquí recibiendo un premio del lobby-
y laicista volcado en el tema de la Iglesia y sus propiedades

"El Gobierno reclamará los bienes de dominio público que la Iglesia católica española haya puesto a su nombre en las últimas décadas. A ello se compromete en una respuesta dada en el Congreso de los Diputados al diputado socialista Antonio Hurtado, que se interesaba por el destino de tantos templos, plazas públicas, fuentes que los obispos han inscrito en los registros de la propiedad al amparo de una ley franquista de 1946 que los equiparaba con funcionarios públicos, es decir, no tenían que demostrar la propiedad para inscribir a su nombre".

Que muchas entidades -y el Estado- reclamen bienes eclesiales

El Ministerio de Justicia prepara una lista de bienes inmatriculados por la Iglesia. Los laicistas esperan que distintas entidades (ayuntamientos, diputaciones, instituciones de enseñanza, etc...) reclamen muchas de ellas, y que el Estado reclame otros muchos como "bienes de dominio público".

El diputado Antonio Hurtado declara que espera que "todo se solucione en los registros, que la Iglesia no plantee batalla jurídica y aquellas inscripciones ilegales pasen a ser de nuevo de dominio público".

Hurtado destaca por haber dedicado la mayoría de sus preguntas parlamentarias a comentar temas paraeclesiales: que las banderas ondeen a media asta en Jueves Santo en dependencias militares, que el obispo de Córdoba dé ayudas a las chicas que no quieran abortar o preguntas sobre la catedral de Córdoba y la cotización y el IBI de sus entradas turísticas. También pregunta a sus lectores de Facebook si España debería ofrecer un "tercer género" en su documentación oficial.

La Iglesia dará la batalla jurídica

En cualquier caso, en el caso de las inmatriculaciones la Iglesia sí que dará la batalla jurídica, como anunció en la mañana de este lunes el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.

"Defenderemos nuestros derechos porque la buena administración de los bienes eclesiásticos supone utilizarlos para los fines para los que se crearon y procurar mantenerlos". "Estamos muy tranquilos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente y lo que ha hecho, y posibilitado por la legislación es inscribir los bienes que de manera secular ha poseído". "Tenemos una confianza infinita en la justicia española".

"Nuestro ordenamiento ofrece oportunidades de defensa y también el marco europeo", ha añadido. Y ha expresado su "inmensa tranquilidad y confianza en nuestro Estado de derecho".

Gil Tamayo aprovechó para recordar que "los bienes de la Iglesia aportan a la economía española más de 22.000 millones de euros al año, un 2% del PIB y son de enorme interés social. Una de las consecuencias de desamortizar sería el detrimento de la acción social".

Las desamortizaciones del siglo XIX y archivos destruidos

La historia de las propiedades eclesiales en España es compleja, con dos grandes "desamortizaciones" en el siglo XIX (la de Madoz y la de Mendizábal) en que el Estado confiscó por la fuerza conventos, monasterios y tierras y, en su mayoría, las malvendió. Además de dañar a muchos campesinos que vivían en esas tierras en condiciones aceptables, empobreció a órdenes religiosas y entidades eclesiales. El laicismo radical de la II República, la quema de conventos y luego la Guerra Civil con la persecución antirreligiosa y su gran destrucción destruyeron archivos y complicaron muchos casos. Al llegar la democracia en los años 70 del siglo XX, la Iglesia renunció a litigar por las propiedades de las desamortizaciones aceptando el actual sistema de financiación por parte del Estado.

Usucapión: ser dueño por uso ininterrumpido, incluso sin papeles

Existe además en España la figura legal de la usucapión (https://www.iberley.es/temas/usucapion-60188). Básicamente, consiste en que una propiedad que ha sido usada durante mucho tiempo por un usuario ("la posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida") es reconocida como posesión de ese usuario. Por ejemplo, una ermita del siglo XVI a lo mejor no tiene documentación moderna que demuestre quién es su dueño: ¿la cofradía de San Isidro, los monjes agustinos, la parroquia local? Pero la Iglesia local siempre la ha usado y cuidado. Por usucapión se considera de la Iglesia.

En los últimos años, muchos bienes de este tipo han sido inmatriculados por las diócesis para poner por escrito una posesión que era, de hecho, inmemorial e incontestada.

Lea también: 12 ejemplos de lo que pasa cuando los comunistas confiscan un templo histórico (aquí en ReL)

Gil Tamayo habló de las inmatriculaciones durante esta rueda de prensa del lunes 10 de septiembre

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