Lunes, 23 de noviembre de 2020

Religión en Libertad

Camino de vuelta a la dictadura


¿Por qué me hago, de entrada, esta pregunta? Sencillamente, por la propuesta de nueva ley de educación, LOMLOE, en estos momentos en fase de tramitación en el Parlamento. Creo que es conocido de casi todos lo laborioso y dificultoso que resultó llegar a un acuerdo en materia de educación en la Comisión elaboradora del proyecto de Constitución, seguramente lo más difícil del proceso constituyente. Me consta directamente por D. Adolfo Suárez González, a la sazón presidente del Gobierno, que la pregunta que se hacía en este punto era: ¿quién educa, el Estado o los padres? Y se respondía entonces: si es el Estado y son excluidos los padres, entonces no hemos salido aún de la dictadura, no entramos en un sistema democrático verdadero y digno de tal nombre; volvemos atrás.

Ahora, en estos momentos, los actuales, con la propuesta del Ministerio de Educación, cuyo texto he estudiado a fondo, y habiendo hecho consultas abundantes y adecuadas sobre el mismo, sigue en alto la misma pregunta de siempre, o de entonces: ¿quién educa, el Estado o los padres? Y en la propuesta legislativa actual, parece que se responde de manera distinta a la de los artículos constitucionales sobre educación, porque, en efecto, la propuesta legislativa parece responder en el conjunto de la misma que no son los padres sino el Estado exclusivamente el responsable único y principal.

En el largo texto no se encuentra ningún resquicio que pueda hacer pensar que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos, sino sólo el Estado. Los padres han quedado, de hecho, orillados o excluidos en sus derechos inalienables, reconocidos, por lo demás, en diversos pactos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.

Todos somos colaboradores subsidiarios de los padres. Por supuesto que el Estado tiene su papel propio, sus derechos y obligaciones propias, pero no es exclusivo ni excluyente como hace la propuesta de Ley. Tal vez nos encontraríamos no en una fase de progreso, sino de retroceso, de vuelta atrás, a situaciones ya superadas.

Por tanto podríamos estar, con la propuesta legislativa educativa, en el camino de la dictadura, y eliminaríamos el sistema democrático caso de aplicar algún día, si no se modifica -aún se está a tiempo-, la propuesta legislativa que ahora se hace. Por esto el título de este artículo.

Añado además que, como es sabido por todos, la peor de las dictaduras es la dictadura del corazón y de las conciencias que se impone por medio de la educación, por la implantación de un pensamiento único y otros aspectos que no favorecen el desarrollo integral de la persona. En estos momentos de pandemia y con las crisis concomitantes que la acompañan, aprobar esta propuesta de Ley podría agravar las cosas más de lo que están.

Hay también otros aspectos de la propuesta legislativa de educación que son francamente mejorables, y de ellos tendremos ocasión de comentar más adelante. Por eso, desde esta Tribuna de La Razón, ruego a quienes corresponda que no se precipiten en la tramitación de la propuesta: que escuchen, dialoguen, atiendan al bien común. De otra suerte, creo honestamente que todos nos lamentaríamos.

Se trata de un tema muy delicado y se ha de escuchar, no imponer, puesto que todos estamos implicados en él: padres, profesores, iniciativas sociales institucionalizadas... los mismos alumnos de ciertas edades deberían ser escuchados. Y no se debe imponer al resto una propuesta de solo ciertos sectores: educar en libertad es básico para una sociedad en libertad, hecha de personas libres, críticas, conscientes y creadoras.

Publicado en La Razón.

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