EpC: pactos y contubernios

Hace pocos meses, en una reunión celebrada en la sede de Génova a la que acudieron numerosos representantes del mundo educativo, un miembro de FETE-UGT adelantó el modus operandi del socialismo en materia de pactos: «pactemos aquello en lo que estemos de acuerdo, dejemos a un lado lo que nos enfrenta». O sea, apóyame en lo que pienses como yo, y en lo que no, arréglatelas. En el ámbito contractual esto vendría a ser una especie de contrato de adhesión, que es justamente lo contrario de la negociación y del verdadero pacto. Con cláusulas abusivas incluidas.

 

Cualquier pacto educativo debe atender a las reales necesidades de los educandos, mirando al bien común, y con pleno respeto a los derechos de los padres. No hay otra alternativa. Los grandes partidos, si quieren ser fieles a la Constitución y al sistema democrático, deben incluir en el pacto educativo la efectividad del principio de neutralidad de los poderes públicos que conlleva la interdicción de todo adoctrinamiento, mal transversalmente cultivado en nuestro sistema por no pocos izquierdistas militantes, y de explícita factura en EpC.

 

Los políticos se lanzaron, tras las sentencias de febrero pasado del Tribunal Supremo, a declarar que su cumplimiento les obligaba a no reconocer el derecho a la objeción de conciencia frente a EpC. Aparte de que esta cuestión no está, ni mucho menos, zanjada (aún quedan los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y posteriormente el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo), lo cierto es que la clase política ha olvidado la segunda parte del dictum del Alto Tribunal: su obligación de que no exista ningún tipo de adoctrinamiento, ni directo ni indirecto, ni moral ni político, en ningún centro estatal. Pero parece que en esta cuestión la oposición ha quedado presa de su pragmatismo y piensa que es mejor evitar el conflicto, ya que los socialistas -que son en sus tesis y su praxis unos doctrinarios jacobinos- nunca van a involucrarse en la defensa de la libertad educativa. ¿Qué hará el PP en la defensa de la neutralidad educativa del Estado y los derechos educativos de los padres en esta permanente ofensiva estatalista? El pragmatismo no es siempre buen consejero, especialmente cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales. Estos no pueden ser objeto de pacto: solamente cabe hablar de cómo mejorar su protección para darles la máxima efectividad. Únicamente es aceptable un pacto en el que se acuerde la forma de proteger, fundamentalmente, las libertades de conciencia y religión de los padres, de todos los padres, también de los que han objetado legítimamente a ese mosaico ideológico adoctrinador denominado EpC.

 

No son admisibles pactos políticos que supongan la hipoteca de los derechos fundamentales de los padres. Un pacto en el que se silencie la necesidad de expulsar del sistema el adoctrinamiento escolar, tal y como se encuentra expresamente en EpC y transversalmente en tantas otras materias, es simplemente un dislate. Los padres, que están siendo amenazados cuando no simplemente engañados por buena parte de las autoridades educativas, nacionales y autonómicas, no entenderán la debilidad popular en la defensa de sus libertades educativas. La esperanza que pusieron en los dirigentes populares puede verse convertida en frustración, malestar que genera rechazo e, incluso, indignación.

 

En estas fechas en que recordamos las atrocidades de los totalitarismos, nos viene a la memoria la vergüenza de los «demócratas» que no quisieron oponerse a los dictadores amparándose en un falso afán de diálogo y paz. Tras la firma por el primer ministro británico Chamberlain de los acuerdos de Munich con Hitler, Churchill le espetó con toda razón: «Gran Bretaña y Francia tenían que elegir entre guerra y deshonor. Eligieron el deshonor. Y ahora tendrán la guerra». Y es que lo innegociable no puede ser objeto de pacto, bajo pena de que el pacto sea un simple contubernio. Y los principios como la libertad educativa de los padres son completamente innegociables.