Martes, 24 de noviembre de 2020

Religión en Libertad

Graves acontecimientos

Graves acontecimientos
La ley de educación que quiere imponer el Gobierno socialcomunista español ha suscitado, entre otras, la reacción contraria de centros educativos concertados y padres con hijos que necesitan educación especial.

por Pedro Trevijano

Opinión

Casi cada día nos encontramos con nuevas preocupantes noticias sobre lo que está sucediendo en España. No es sólo la desastrosa actuación del Gobierno ante la pandemia, que ha provocado que la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, apruebe solicitar el "cese inmediato" de Fernando Simón “por su incapacidad manifiesta”: "Es urgente un golpe de timón en la gestión de la pandemia que requiere la puesta en escena de un Comité de Expertos independiente".

Además están las mentiras constantes de nuestros gobernantes, que le hacen a uno recordar con amarga ironía la famosa frase de Rubalcaba: “España no se merece un Gobierno que mienta”. No sólo esto, sino esta misma semana ha habido otros graves acontecimientos: el apoyo de Bildu a los Presupuestos y el avance de la Ley de Educación o Ley Celaá.

A pesar que Pedro Sánchez nos había anunciado en varias ocasiones que no pactaría jamás con Bildu, la rama política de ETA, es lo que ha hecho. Ha intentado hacerlo de forma discreta, para mantenerlo oculto, estrategia de discreción que ha "reventado" el propio vicepresidente Iglesias, dándole publicidad y ubicándoles en "la dirección del Estado" y provocando el envalentonamiento de los proetarras, que hablan ya de "un tiempo nuevo para acabar con el régimen". Y es que el nacionalismo de ETA y sus secuaces es un nacionalismo totalitario e incluso idolátrico, como señalaron nuestros obispos ya en 2002, porque se presenta como un valor absoluto al que se deben supeditar los demás valores. Además el terrorismo es intrínsecamente perverso, porque es la eliminación directa y voluntaria de seres humanos y va contra el quinto mandamiento del Decálogo: “No matarás” (Ex 20,13).

La ministra Celaá disparó todas las alarmas cuando dijo aquello de “los hijos no son propiedad de los padres”, en lo que puede tener razón, puesto que nadie es propietario de otro ser humano, pero es inadmisible en el sentido que lo dijo: la educación de los niños pertenece al Estado y no a los padres, porque eso es totalitarismo. El principal responsable de la educación de los niños no es el Estado, sino los padres. Nadie tiene mayor interés en educar a los hijos que los padres, por la sencilla razón que son los que más les quieren, por lo que la Declaración de Derechos Humanos de la ONU dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (art. 26.3). Y nuestra Constitución, siguiendo su estela, afirma lo siguiente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3). El derecho a la formación religiosa y moral de sus hijos según las convicciones de los padres es un derecho humano fundamental e inalienable. El derecho por tanto no es ni siquiera de la Iglesia católica, sino de los padres según sus convicciones. Pero eso es precisamente lo que la Ley trata de impedir.

Es también increíble que el español o castellano deje de ser lengua vehicular en algunas regiones españolas, diciendo el artículo 3 de la Constitución esto: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. La nueva Ley pretende también negar a los padres el derecho a escoger a qué centro educativo mandar a sus hijos, así como eliminar los centros educativos especiales, por lo que leo en ABC a una madre decir: “Esta ley puede mandar a mi hija a un centro normal y fastidiarle la vida para el resto de su existencia”. Y no hablemos del ataque descarado contra la educación concertada. Y como no es cosa de quedarse pasivos, no puedo sino recomendar que, si aún no lo habéis hecho, firméis en contra de esa malvada Ley y hagamos todos todo lo posible para que el Gobierno se dé cuenta que no puede despreciar impunemente ni a España, ni a la Iglesia, ni a las familias.

Para terminar diré que las críticas que el Papa Pío XI hace contra la educación nazi en su encíclica Mit brennender Sorge en los números 34, 35, 37 y 40 son perfectamente aplicables a la educación laicista que pretende nuestro Gobierno, por lo que recomiendo su lectura.

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