Domingo, 18 de abril de 2021

Religión en Libertad

Aborto: lo mejor es enemigo de lo bueno ¿o no?


La Ley Aído supone un salto cualitativo en la consideración del aborto: deja de considerarse delito (deja de ser un mal) para convertirse en derecho (por lo tanto, un bien). La vuelta a la ley del 85 supondría volver a considerar el aborto como un mal y no como un bien, un derecho de las mujeres.

por Mariano Bailly-Bailliere

Opinión

Se ha levantado mucha polvareda entre las personas e instituciones pro-vida a raíz de las declaraciones programáticas de Rajoy entre las que incluye derogar la actual ley del aborto. Sin ánimo de polemizar sino, por el contrario, procurar conciliar posturas, creo que es oportuno hacer algunas reflexiones desapasionadas.

En primer lugar, derogar la Ley Aído manteniendo la ley del 85 no constituye, como algunos sostienen a mi juicio equivocadamente, la elección de un mal menor. De la acción de derogar la ley Aído no se deriva ningún mal, sino, por el contrario, un bien. Las condiciones para justificar la elección del mal menor establecen que no debe buscarse directamente el mal que se deriva, sino el bien que lleva aparejado las consecuencias negativas. En el supuesto de la derogación de la actual ley del aborto, se procura directamente un bien del que no se derivan males asociados. Cosa distinta es que a todos nos gustaría que se derogaran las dos leyes, pero no rechacemos un bien evidente por forzar al legislador a elegir entre derogar las dos leyes o quedarse impasible. Porque es evidente que la situación actual es objetivamente peor que la previa a la ley Aído. Pienso que aquí aplica el dicho de ‘lo mejor es enemigo de lo bueno’.

Un segundo punto es considerar que la derogación de la ley actual supondría un evidente paso en la dirección de restablecer la cultura de la vida siempre que la medida sea considerada un medio y no el final del camino. Se trataría de una ‘inversión de la tendencia’ como gusta de calificar a los analistas.

En tercer lugar, algunos hacen comparaciones meramente cuantitativas entre las dos leyes del aborto. Bien está hacerse cargo del drama mediante las cifras. Pero no tienen en cuenta un matiz a mi juicio crucial: sin entrar en consideraciones sobre el ‘diámetro’ de los ‘coladeros’ que ambas legislaciones permiten, la primera ley del aborto es una ley que supone la despenalización -en unos supuestos más que discutibles, claro- de un delito. Es decir: se condona la pena por un hecho objetivamente malo. La Ley Aído supone un salto cualitativo en la consideración del aborto: deja de considerarse delito (deja de ser un mal) para convertirse en derecho (por lo tanto, un bien). La vuelta a la ley del 85 supondría volver a considerar el aborto como un mal y no como un bien, un derecho de las mujeres. Esta es la razón, a mi juicio, de la promulgación de la ley Aído. Todos sabemos que nunca se ha procesado a mujeres o médicos por delito de aborto. Entonces, ¿para qué la nueva ley si la anterior era ‘un coladero’? Precisamente para invertir su consideración jurídico-moral: dejar de ser un delito (algo reprobable) y pasar a ser un derecho (algo positivo y deseable).
 
La derogación de la ley Aído propuesta supone por tanto, y a mi juicio, un paso positivo -más o menos pequeño o grande según el cristal con que se mire- hacia la recuperación de la cultura de la vida. No está en mi ánimo, ni de lejos, realizar una valoración política o hacer campaña por partido alguno, sino aportar unos criterios de análisis que puedan facilitarnos la toma de posturas ante declaraciones políticas que tienen graves repercusiones morales. Quizá los reparos que podamos hacer a estas iniciativas sean más compartidos entre las personas pro-vida de lo que parece. Si así resultara, esta unidad podría fortalecer la presión social contra las leyes injustas y, en este caso, genocidas.
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