«El País» abre la campaña para que la Iglesia deje de ser la «querida» del Estado

El diario que dirige Javier Moreno ya publicó el pasado 13 de junio, como exclusiva, las líneas maestras de la nueva Ley de Libertad Religiosa, cuya tramitación ha sido retrasada por el Gobierno para que no coincida con la vista de Benedicto XVI a España (Barcelona y Santiago de Compostela) los días 6 y 7 de noviembre.

Este sábado el periódico de Prisa abre un nuevo frente de su ofensiva laicista, con un reportaje de Juan G. Bedoya que denuncia que la Iglesia mantendrá «privilegios» en esa nueva ley mientras estén vigentes los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979.

«España es ahora un Estado aconfesional con querida», es la perla que reproduce la información en boca de anónimos «eclesiasticistas partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias». Según El País, «el meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta». El objetivo es, pues, la célebre X del IRPF.

Como apoyo a la información se incluye un artículo de Dionisio Llamazares, histórico dirigente socialista de la época del felipismo, catedrático de Derecho Eclesiástico, ex presidente de las Cortes de Castilla y León (19831987), ex director general de Asuntos Religiosos (19911993) y ex presidente del Consejo Escolar del Estado (19931996).

Según Llamazares, los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979 son «formalmente constitucionales (posteriores a la Constitución en menos de ocho días), [pero] materialmente (por su contenido) inconstitucionales». Denuncia que «se permit[a] a los católicos decidir qué parte de sus impuestos (dinero público) se dedica al sostenimiento de la Iglesia católica, que no es un fin de interés general». Y considera que el Estado está «maniatado» y «no puede legislar obedeciendo al mandato constitucional» porque «se topa con el stop de los Acuerdos».

El viejo objetivo de la ofensiva laicista, los Acuerdos de 1979, pasan pues de nuevo al primer plano como mecanismo de presión ante una tramitación de la Ley de Libertad Religiosa que se prevé abra nuevos frentes de crispación y de proscripción de arraigadas costumbres populares.