Los objetores piden medidas cautelares contra Ciudadanía por violación de Derechos Humanos

Objetores a Educación para la Ciudadanía presentan el viernes, como ya adelantó ReL, una demanda contra España por violación de los derechos humanos. Se trata de 302 demandantes, entre padres, madres e hijos, que solicitarán el amparo de dicho tribunal, con tres objetivos.
En primer lugar, que adopte «medidas cautelares» contra las Administraciones españolas, en virtud del artículo 39 del reglamento del tribunal, para que no se fuerce la entrada a los niños objetores a las materias enmarcadas en Educación para la Ciudadanía.

Episodios como que se pregunte a niños por las razones para ser heterosexuales, se les presione asegurándoles que no se van a titular, o que se puedan perdeer opciones a becas con un magnífico expediente manchado por el suspenso en EpC por ser objetor, son algunas muestras.

Estas medidas cautelares, según detalló el director de la Asesoría jurídica de la asociación Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, «podrían dirimirse en 10 días», aunque un fallo sobre el fondo de la cuestión tardaría más tiempo en darse.

Derechos vulnerados
Lo que también pide al tribunal es que se reconozca que en España se ha vulnerado derechos como la libertad ideológica de padres y alumnos; la libertad educativa; el derecho a la no discriminación; y el derecho a intimidad personal y familiar de los menores, todos ellos contemplados en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos suscrito por España. Los demandantes exigen, además, «compensación por los daños morales causados».

En tercer término, los demandantes esperan que el tribunal haga un llamamiento al Estado Español, para que «respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo e impida futural vulneraciones de los derechos actualmente invocados en este conflicto».

Inacción en la administración
Los objetores a Educación para la Ciudadanía han denunciado también, en el curso de una rueda de prensa celebrada en Madrid, que se encuentran en una «situación de indefensión» ante el Estado Español, señalando que son responsables todas las administraciones (Gobierno, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos) de todos los colores políticos.

Una de las madres objetoras, Inmaculada López, (cinco hijos, tres de ellos objetores) ha señalado que esta situación es «inadmisible» y una «osadía sin precedentes» contra el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos. Al mismo tiempo denunció que han pedido entrevistarse con todos los ministros de Educación de los últimos años, y ninguno les ha recibido. De forma parecida, algunos consejeros autonómicos del ramo les han recibido, pero «sin escucharnos». «Hemos sido sistemáticamente ignorados», denuncia, con la «connivencia de algunas organizaciones y no pocos centros escolares», ha señalado López.

España, «campo depruebas»
Esta acción jurídica está coordinada por Profesionales por la Ética en colaboración con la delegación Europea de la Alliance Defense Found, una organización norteamericana de defensa de los derechos humanos con experiencia constrastada. Su representante en Europa, Roger Kistka, ha asegurado durante el encuentro con los medios de comunicación, que la preocupación por los episodios de adoctrinamiento cada vez está más extendida en europa y en el mundo entero, en la medida en que nuestro país se ha convertido en el «campo de pruebas» de un proyecto ideológico.

España, ha asegurado, es un «microcosmos» en Europa que se sigue muy de cerca.