«El PP aprueba, pero necesita mejorar» en relación a Educación para la Ciudadanía

En síntesis, el PP reconoce que estas materias escolares «presentan graves riesgos de adoctrinamiento» y permiten a los poderes públicos «invadir ámbitos educativos que corresponden primariamente a los padres». Para resolver el conflicto suscitado por EpC, este partido propone sustituir Epc esn Primaria por una «formación cívica de carácter transversal cuyas orientaciones se inspirarán exclusivamente en los valores y principios de la Constitución» y mantener el controvertido grupo de asignaturas en Secundaria pero con «unos nuevos contenidos que deben ser acordados íntegramente y que han de proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones, mediante los cuales se conforma una sociedad democrática y pluralista».  También proponen restablecer la enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato.

 
Profesionales por la Ética ha examinado detenidamente la propuesta del PP y ha subrayado que «la propuesta reitera que los padres son los primeros y principales educadores», «reduce la presencia de EpC de cuatro a dos cursos ya que suprime la asignatura en Primaria y Bachillerato» y, en principio, «limita los contenidos de EpC a valores constitucionales».

«Aspectos débiles» de la propuesta

Como indica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, la propuesta del PP de reformar EpC es en principio aceptable, pero presenta algunas deficiencias que deberán ser corregidas o completadas.

 

Estos «aspectos débiles», según señalan, son que «no se especifica cuáles serán los objetivos, criterios de evaluación y competencias de las asignaturas de EpC a pesar de que estos apartados son precisamente los que conforman (en mayor medida que los contenidos) el carácter adoctrinador de estas materias escolares» y que «la referencia a los “valores constitucionales” resulta un tanto imprecisa, dado que el actual Gobierno también presume de impartir exclusivamente esos valores en EpC».    

 

«Sería por tanto necesario un reconocimiento expreso», afirma Fernández de Alarcón, «del derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones morales, ideológicas y pedagógicas desde la propia Ley Orgánica que regule la educación, concretando después los límites que en ese sentido tienen las administraciones competentes y los centros educativos. Por supuesto que una Educación para la Ciudadanía que se ocupe de enseñar el sistema político, la separación de poderes, el funcionamiento de las instituciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución (tal como se imparte en el resto de Europa) sería aceptable», añade Fernández de Alarcón, «pero esto ya se está impartiendo en Geografía e Historia».

 

Finalmente, Profesionales por la Ética sostiene que el Partido Popular, «para ser creíble» en materia de reforma de Educación para la Ciudadanía, debería llevar a cabo dos «acciones inmediatas»:

 

Por una parte, «respetar y proteger a los padres que mantienen su objeción a EpC en comunidades autónomas en las que gobiernan, como Madrid (donde los objetores están siendo presionados e incluso amenazados) y Castilla y León (donde el gobierno regional ignora a los objetores a EpC a pesar de que la Justicia ha eximido de cursar estas asignaturas a 550 alumnos)».

 

Y en segundo lugar, «garantizar que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC adoptando las correspondientes medidas para evitar el adoctrinamiento escolar a través de libros de texto, materiales y actividades complementarias».