Lunes, 18 de noviembre de 2019

Religión en Libertad

García-Page pacta con Podemos unos presupuestos donde sólo hay recortes para la enseñanza concertada

ReL

El secretario general de Podemos, José García Molina (izda.), junto al presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page (dcha.).
El secretario general de Podemos, José García Molina (izda.), junto al presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page (dcha.).
El socialista Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, anunció este lunes el acuerdo alcanzado con Podemos para los presupuestos de la comunidad autónoma.

Supondrá un incremento del gasto público, a pesar de que Castilla-La Mancha no cumple sus objetivos de déficit, y la contratación de 6661 nuevos funcionarios. Sólo habrá recortes para un apartado: la enseñanza concertada.

Según afirmó el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, se trata de "reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada y garantizar la disponibilidad de plazas en la educación pública", de tal forma que las partidas para conciertos
"estarán congeladas" este año respecto al pasado.

Al mismo tiempo, PSOE y Podemos instarán al Gobierno a "suprimir el Concordato con el Vaticano que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública".

"Odio" a la concertada porque es mayoritariamente confesional
Las protestas de la enseñanza concertada por esta discriminación no se hicieron esperar.

La Concapa (Confederación Católica de Padres de Alumnos) difundió un comunicado en el que afirma que esa "reducción progresiva en la partida presupuestaria para la educación concertada... es la manera elegante de estrangular económicamente a los centros educativos sostenidos con estos fondos, que no solo son más rentables a las administraciones públicas (una plaza educativa en la pública le cuesta al estado el doble que en un centro de iniciativa social-concertado), sino que suele ser más demandada por la calidad de sus proyectos educativos y la formación integral de la persona que persiguen".

"Se vulnera así el Art. 27 de la Constitución, pues deja a las familias sin posibilidad de poder elegir el centro educativo que más se adapte a sus convicciones", añade el comunicado. Esta decisión del gobierno castellano-manchego "pretende avivar en la sociedad el ´odio´ hacia la educación concertada por su carácter confesional, en la gran mayoría de los casos y enfrentando a las familias y alumnos ante dos modelos distintos educativos que se complementan perfectamente y pueden coexistir y han coexistido hasta el momento sin ningún problema".

"¿Alguien puede realmente creer que lo que inspiran estos presupuestos es una preocupación social? Los poderes públicos siempre deben estar al servicio de las personas y nunca deben buscar el imponer una ideología. En la educación es donde primero se ven si nuestros gobernantes buscan nuestro bien o imponer su voluntad", concluye el comunicado de Concapa.

"Como si fuese un mal que hay que atajar"
Por su parte, Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha ha lamentado que el pacto PSOE-Podemos en la región "haya dado el paso decisivo de penalizar a aquellas familias que confían la educación de sus hijos a la escuela concertada", anunciando la congelación de la financiación a la enseñanza concertada "como si esta fuese un mal que hay que atajar".

"Con esta decisión la Administración vulnera los derechos de unos a favor de otros", continúa esta asociación: "Por un lado, el de las familias que, libre y responsablemente, han decidido elegir una enseñanza distinta de aquella que ofrece la Administración" y, por otro lado, "a costa de los trabajadores, profesores, personal de administración y servicios y a costa de las titularidades que trabajan y sirven a nuestra sociedad desde hace muchos años, algunas de ellas centenarias".

Escuelas Católicas ve difícil imaginar que los alumnos de la escuela pública "hayan visto mermados sus derechos por la financiación de la enseñanza concertada y prueba de ellos son, por ejemplo, el Plan de mejora de la ESO, del que la concertada nunca percibió un céntimo, o las políticas de inmersión lingüística, de las que participan los centros concertados con la premisa de que sean a coste cero para la Administración".
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