Jueves, 18 de abril de 2024

Religión en Libertad

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… y la FERE, de perfil.

por Alejandro Campoy

No queremos grandes reivindicaciones ni movilizaciones al estilo de los paleosindicatos, no queremos huelgas salvajes ni colapso de la escuela concertada católica, sólo queremos oír una palabra. La cuestión es muy simple: en un momento en el que los demagogos mayores del reino señalan con su dedo hipócrita a la Iglesia Católica al anunciarse medidas que exigen apretarse el cinturón, sólo queremos oir voces que le digan la verdad a la sociedad española.

Y en este caso la verdad tiene que ver con aquellos miles de personas que dedican su vida a la formación de las nuevas generaciones de este país a través de la amplia red de escuelas concertadas católicas, personas a las que una panda de impresentables exigen una reducción en sus ingresos. Y tiene que ver con aquellos otros miles que dedican su vida a la enseñanza de la religión y moral católica en las escuelas públicas del estado español, simplemente porque los padres de sus alumnos así se lo piden.

Pues bien, lo que nadie ha dicho hasta ahora es que todos ellos van a sufrir una reducción del 5% de su sueldo mensual. ¿Algo que objetar? Pues mire, no. Lo asumen calladitos, solidarios con todos sus conciudadanos. ¡Claro, es lo que corresponde, se reduce el sueldo un 5% a todos los funcionarios!. Pues mire, tampoco. Resulta que ellos NO SON FUNCIONARIOS.

Un profesor de carrera de la escuela estatal (toda la escuela es pública), con su plaza, su oposición y su condición de funcionario bien acreditada, tiene garantizado su puesto de trabajo hasta su jubilación, imparte DIECIOCHO horas de docencia directa a la semana COMO MÁXIMO y goza y disfruta de una serie de complementos salariales que se van incrementando a medida que transcurre su vida laboral. Tampoco es como para tirar cohetes, no se crean. ES UN FUNCIONARIO.

Por el contrario, un profesor de una escuela concertada cualquiera tiene un contrato laboral, de naturaleza totalmente distinta a la condición de funcionario, puede ser objeto de despido, procedente o improcedente, indemnizado o no, no tiene acceso a las prestaciones de la MUFACE y su sueldo base se equipara al del funcionario si desarrolla una jornada semanal de VEINTICINCO horas de docencia directa a la semana. NO ES UN FUNCIONARIO (y además le ahorra al Estado unos cuantos miles de millones de euros).

Es el mismo caso que el de los profesores de religión y moral católicas, que además para poder completar esas veinticinco horas en muchos casos deben impartir clases en dos o tres escuelas distintas, por lo que encima se pasan el día metidos en el coche de un sitio a otro sin que el gasto de la gasolina corra por cuenta de nadie, excepto de su bolsillo.

¿Hay que ir a la huelga? ¿Convocamos manifestaciones? No es necesario nada de todo éso, sabemos que tanto la FERE como el sindicato mayoritario de este colectivo, el FSIE, siempre anteponen el diálogo a cualquier otra acción en todos los casos, diálogo impuesto por la perpetua amenaza de suprimir los conciertos educativos que esgrime la administración de turno. Lo único necesario es proclamar la verdad.

Y hoy es imprescindible chillarla a los cuatro vientos, pues la demagogia señala de nuevo a la “opulenta” y “poderosísima” Iglesia Católica como agujero negro por el que desaparecen todos los recursos públicos del Estado. Es muy fácil: basta con levantarse y poner delante de la sociedad española a la que se pretende engañar unos simples números:

-profesor de la escuela estatal = funcionario = 18 horas semanales de clase = 5% menos de sueldo

-profesor de la escuela concertada = asalariado = 25 horas semanales de clase = 5% menos de sueldo.

Pero ahora resulta que es la Iglesia Católica la que debe apretarse el cinturón. La cosa es que no está el país para bromas de mal gusto. Y ya está.

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