Continúa el malestar entre los miembros del Partido Popular por la retirada del anteproyecto de reforma de la actual ley del aborto, implantada en 2010 por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. A la dimisión del responsable de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón, se sumaba el martes el comunicado del senador popular Ángel Pintado animando a participar en la manifestación provida de este sábado, Cada Vida Importa.
La última en unirse a esta cadena de denuncias ha sido la diputada popular Lourdes Méndez, presidenta para la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad. En un artículo que publica este viernes el diario La Razón, Méndez señala “obligado y urgente derogar la ley que concibe el aborto como un derecho” y denuncia el incumplimiento del contrato que el PP adquirió con los once millones de electores que le llevaron a la presidencia del Gobierno. “Si no se rectifica, nuestro Gobierno estaría actuando en contra de la esencia y principios de nuestro partido, dinamitando el consenso que ya se había alcanzado dentro del mismo, e incumpliendo nuestro contrato con los electores -once millones- en una materia no susceptible de incumplir, ni de pactar, por su carácter fundamental. Además produciría una falta de credibilidad que aumentaría la desafección en nuestro electorado, algo nada recomendable en momentos como estos y ayudaría a socavar los principios en los que se sustenta el propio sistema democrático”.
Tras calificar la actual ley del aborto que rige en España como una ley injusta “la más radical de entre los países de nuestro entorno, toda una revolución ideológica que impone el más absoluto desprecio por la vida”, Méndez señala que no cambiar esa ley, no acometer la reforma prometida, “atenta contra el más elemental principio de justicia” y recuerda que el Partido Popular ha defendido siempre el derecho a la vida. “Si no se atiende a la protección del primero de los derechos del hombre, todos los demás quedan en entredicho, vulnerables ante cualquier ideología populista capaz de socavarlos”.
Por eso, en las últimas líneas de su artículo, la diputada popular se pregunta si el Grupo Parlamentario Popular -mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados- estaría legitimado para mantener el apoyo “a un Gobierno que soslaya las más elementales razones legales, sociales y políticas”, si persiste en la idea de no cambiar la ley del aborto.
La cúpula del Gobierno, cada vez más distanciada de electores y Partido.