Según Red Madre (www.redmadre.es), fundación provida creada en 2007 con el propósito de apoyar, asesorar y ayudar a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, si se aplica de forma estricta el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, se podrían reducir de manera significativa los abortos en nuestro país.
«Una aplicación rigurosa de la nueva normativa que pase por inducir a los médicos a cumplir con coherencia lo que en ella se plantea y no defrauden el espíritu de la ley, provocaría que, en un plazo de cinco años, el número de abortos se situara por debajo de 1.000», explica Antonio Torres, presidente de esta ONG.
Antonio Torres advierte de que «este descenso, que parte de los 112.390 que se practicaron en 2012, se llevará a cabo de manera paulatina. Las cosas no son de la noche a la mañana».
De esta forma, pone como ejemplo los efectos que tuvo el cambio de legislación en Polonia: entre 2001 y 2005 se redujeron las interrupciones voluntarias del embarazo de 100.000 a tan sólo 96.
(Sobre estas líneas, la Manifestación Cada Vida Importa, en defensa de la vida, en 2009 en Madrid)
Este cálculo parece ir en la misma línea que reconoce la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Estos centros aseguraron que, a tenor de los datos adelantados el pasado domingo por LA RAZÓN sobre el número de interrupciones de 2012, 104.275 mujeres tendrían que «abortar ilegalmente». Así, según sus estimaciones, «más del 90% de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino», aseguraban.
Con todo, otras asociaciones provida consideran que el descenso de interrupciones podría ser mucho menos drástico. Es el caso del Instituto de Política Familiar (IPF), que estima que la reducción oscilará entre los 4.000 y los 5.000 abortos al año, al menos durante los primeros ejercicios.
Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, realizó estas estimaciones partiendo de los datos sobre «Interrupción Voluntaria del Embarazo» presentados por el Ministerio de Sanidad en 2009.
¿El motivo? Se trata del último registro llevado a cabo con la ley de 1985, cuyas causas para abortar se han recuperado con la legislación presentada este viernes. «La nueva ley del aborto 2013 elimina el aborto "a petición de la mujer" y la causa de "riesgo de graves anomalías en el feto", volviendo básicamente a las causas para abortar de 1985: salud física y psíquica de la mujer y violación», explica Hertfelder. De esta forma, cree que la previsión para 2014 sería más realista partiendo de este escenario.
Así, en 2009 se produjeron 107.840 interrupciones por riesgo de la salud materna (96,74%), 3.320 por riesgo de graves anomalías en el feto (2,98%) y 322 por «otros motivos» (0,29%).
El riesgo psicológico de la madre se mantiene en la nueva legislación, si bien es cierto que se endurecen las condiciones: la mujer deberá acreditar este riesgo «de forma suficiente con dos informes emitidos por dos médicos distintos de los que practican el aborto» y que «no desarrollen su actividad profesional en el centro o establecimiento en el que se lleve a cabo».