La segunda jornada del que Rafael López-Diéguez, letrado de la acusación por parte de Alternativa Española, considera "el juicio más importante que nunca se ha producido contra el aborto", ha clarificado un punto importante, al descartar los abogados la posible imputación de los testigos. Se trata, afirman, de "juzgar al gran autor de la trama", y no a otras personas.
Además estas testigos, madres que abortaron en los centros del doctor Carlos Morín, declararán en “condiciones especiales” y no tendrán que responder a preguntas que pudiesen incriminarlas a ellas mismas, según palabras del presidente del tribunal.
Asimismo, el tribunal ha desestimado como "prueba ilícita" el visionado del vídeo de la televisión danesa que destapó cuanto ocurría en el centro abortista de Morín, dado que fue obtenido con cámara oculta.
Este martes se tomó declaración a Morín y a su esposa, quienes se negaron a responder preguntas del fiscal y de la acusación particular y sólo respondieron a las preguntas previamente pactadas con sus abogados.
Morín, que explicó que su centro tenía licencia para practicar abortos hasta los 6 meses de embarazo, no negó en ningún momento que los documentos firmados por los médicos de sus clínicas fuesen falsificados o alterados.
En cuanto a su participación directa en los abortos, su esposa y él declararon no haber estado en la sala ni haber participado directamente en ellos, lo cual contradice las declaraciones previas de los testigos.
En la sesión se puso de manifiesto igualmente que las mujeres que iba a abortar al centro de Morín lo hacían frecuentemente gracias a las ayudas económicas del Ayuntamiento de Barcelona, y de fundaciones de la Generalitat de Cataluña, que llegaban, según palabras de los acusados, a darles 1000 euros para abortar.
Según Morín, la Generalitat conocía todos los abortos que se practicaban en el centro en virtud de un amplio escrito que se le remitía, y el Instituto Catalán de la Salud disponía de un sistema propio sin previo aviso para inspeccionar las clínicas.
Sobre las trituradoras que presuntamente habrían triturado y desechado por el desagüe los cadáveres de los niños abortados, y que ha sido la pieza clave en la investigación de la Guardia Civil, los acusados negaron ese extremo: ellos mismos las habían comprado para "prácticas" veterinarias con cerdos y pollos.
Una concentración de voluntarios provida recibirá la llegada del doctor Morín al juzgado