El Estado de Washington, en la esquina del Pacífico donde EEUU hace frontera con Canadá, se ha convertido en el gran escenario de la batalla por redefinir el matrimonio en este país.

El matrimonio gay ha perdido todos los referendos populares que se han celebrado en Estados Unidos (exactamente, de 32 citas en las urnas, perdió en 32, como detallábamos aquí). Necesita ganar una votación popular en algún sitio o perderá todo crédito democrático.

Hay matrimonio gay en los estados de Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maryland y en el distrito de Columbia, pero en ninguno se instauró por votación popular: lo impusieron tribunales o administraciones políticas que a menudo ni siquiera lo habían anunciado en sus programas.


También en el estado de Washington impuso el matrimonio gay en febrero sin consulta popular alguna la gobernadora Chris Gregoire, una católica que dice que ha cambiado de opinión en los últimos años, "junto con la opinión del estado", dice... citando las encuestas, que parecen ser la única causa de su cambio de postura. De hecho, en el estado las parejas del mismo sexo ya tenían casi todas las ventajas del matrimonio, excepto el nombre.

El matrimonio gay debía entrar en vigor el 7 de junio, pero los ciudadanos actuaron antes: recogieron firmas para convocar un referendum. En este estado de 6,8 millones de habitantes (pero muchos menos votantes registrados) se necesitaban 120.000 firmas de votantes registrados. Lograron 240.000 y convocaron el llamado "Referendum 74". La normativa quedó en suspenso hasta que vote el pueblo (algo que puede asombrar en España, donde la la ley del matrimonio gay, pese a contar con el voto en contra del Senado y estar bajo estudio del Tribunal Constitucional por su dudosa constitucionalidad, lleva aplicándose 7 años, sin que se haya sometido a ningún referendum popular, por supuesto).


Para el homosexualismo político el referendum de Washington es clave, una batalla que no pueden perder y se han volcado de una forma nunca vista antes, a través, sobre todo, de su gran baza: ricos millonarios.

A finales de julio, el fundador de Amazon, el riquísimo Jeff Bezos, anunció su entrega de 2,5 millones de dólares a la causa gay para redefinir el matrimonio. Era un donativo récord que dejaba en ridículo a los 100.000 dólares que entregó Bill Gates, el fundador de Microsoft, y los otros 100.000 donados por Steve Ballmer, el actual CEO de la empresa, con el mismo fin. En la web de empresas que apoyan redefinir el matrimonio figuran además Nike, Starbucks, Google y la Cámara de Comercio de Seattle.

En total, han reunido más de 6 millones de dólares, que se gastarán en su mayoría en infinitos anuncios de radio y televisión para convencer al electorado.


Por su parte, según el organismo que controla las donaciones para campañas sobre leyes, la Public Disclosure Commission, la alianza de entidades en defensa del matrimonio, Preserve Marriage (http://preservemarriagewashington.com), apenas ha recaudado 471.000 dólares.

Las encuestas muestran que la población está indecisa todavía. Pero los millonarios militan en su gran mayoría en el homosexualismo político.

Preserve Marriage ha encargado su campaña a Frank Schubert, que dirigió con éxito la defensa del matrimonio en Maine, Carolina del Norte y en la dificilísima California, donde pese a tener todo en contra (alcaldes, gobernador, actores, millonarios y prensa) los votantes se decidieron finalmente por el matrimonio natural. Schubert afirma que "lo importante no es cuánto recaudan ellos sino cuánto recaudamos nosotros": a partir de cierta cantidad es posible hacer llegar los vídeos y anuncios pro-matrimonio a la población.


Es una lucha de David contra Goliath, y además a David le fiscalizan las piedras de la honda, o más concretamente, las colectas en las parroquias católicas (un 11% de la población del estado es católica).

El obispo Joseph Tyson envió una carta a sus párrocos pidiéndoles distribuir sobres para donativos a la campaña de Preserve Marriage entre los parroquianos el fin de semana del 8-9 de septiembre.

La portavoz de la Public Disclossure Commision anunció entonces que la ley estatal prohíbe a las organizaciones ("incluyendo las iglesias") recoger dinero de individuos para dar a campañas "políticas".

Pero el obispo ha respondido que "el sobre no es nuestro, no recogemos el dinero ni lo tomamos: lo hace Preserve Marriage, y vamos a cumplir la ley estatal".

Pero la portavoz de la Public Disclossure Commision ha respondido que aunque la diócesis puede entregar sobres de la campaña a los parroquianos, no puede recogerlos ni actuar "de ninguna forma como intermediario". Sí que puede, en cambio, crear un comité de acción política que recaude fondos y que transfiera donativos a las campañas que quiera, dice el organismo.

Y por supuesto no faltan los que dicen si una iglesia recauda fondos para una causa política (un referendum popular, en este caso) debería implicar la pérdida de su estatus fiscal como entidad religiosa.


La votación popular tendrá lugar el 6 de noviembre. La alianza en defensa del matrimonio tiene sólo dos meses para recaudar dinero de muchos pequeños donantes y de la generosidad popular, para intentar contrarrestar los 6 millones aportados por millonarios y deshacer el entuerto abierto por su gobernadora.