Amnistía Internacional fue fundada por el abogado inglés y devoto converso católico Peter Benenson para proteger la vida de los abandonados y perseguidos. De ascendencia judía rusa, se convirtió al catolicismo en 1958 y tres años después, en 1961, fundaba esta entidad, que durante años colaboró con la Iglesia en muchos casos de derechos humanos.

Pero al morir Benenson en 2005, la organización se convirtió en un lobby pro-aborto financiado por grandes multimillonarios abortistas, como es el caso del húngaro-americano George Soros. 


Ahora, un organismo estatal irlandés ordena a Amnistía Internacional que devuelva al multimillonario George Soros los 160.000 dólares que le entregó para promover el aborto en el país, algo que violaba la Ley Electoral de 1997. 

Amnistía Internacional ha asegurado que no devolverán el dinero al millonario abortista. “No devolveremos esta financiación”, señala la ONG internacional en un pronunciamiento oficial. “Hemos tomado la decisión de no cumplir con la instrucción de SIPOC”. La considera una “violación de nuestro derecho a la libertad de asociación y expresión”.

La Standards in Public Office Commission de Irlanda (SIPOC) ordenó a Amnistía Internacional devolver los más de 160 mil dólares que recibió de la fundación de Soros, Open Society Foundations (OSF), para su campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, que buscaba ampliar el aborto en el país.



Soros es uno de los grandes promotores del aborto y las políticas LGTB y antifamilia en el mundo. En 2015, Soros invirtió 1,5 millones de dólares en callar el escándalo de tráfico de órganos y tejidos de la patronal de centros abortistas Planned Parenthood Federation of America, en Estados Unidos. Se calcula que la fortuna de Soros alcanza los 24.500 millones de dólares.

También presiona para influir en la política de su Hungría natal, país que en los últimos años trabaja por relanzar, al menos como concepto, las raíces y virtudes cristianas en Europa del Este.


El aborto es ilegal en Irlanda, excepto en riesgo de la vida de la madre. La Octava Enmienda de la Constitución de Irlanda, aprobada en 1983, reconoce “el derecho a la vida del no nacido y, con la debida consideración al igual derecho a la vida de la madre, garantiza en sus leyes respetar y, tanto como sea practicable, defender y vindicar en sus leyes ese derecho”. Parte de la campaña de Amnistía Internacional apuntaba precisamente a “derogar la Octava Enmienda”.