"En la lucha por el matrimonio para todos, las asociaciones [LGTBI] esperaban vérselas contra heterosexuales católicos machistas y fachas... y a quien tenemos enfrente es a una joven mujer de izquierdas, soltera, moderna y musulmana": con esta sinceridad, que delata la caricatura en la que el lobby gay ha convertido a quienes discrepan de sus exigencias, se pronunciaba Philippe Vouland, abogado de la pareja lesbiana que acaba de conseguir la primera condena contra una persona en Francia por negarse a casar personas del mismo sexo.

La condenada es Sabrina Hout, auxiliar de clínica y concejal del ayuntamiento de Marsella, adjunta a la alcaldesa del octavo sector, elegida en las pasadas elecciones municipales en la lista socialista. El pasado 1 de septiembre, un tribunal francés la condenó a tres meses de cárcel y una indemnización de 1500 euros por unos hechos que se remontan al 16 de agosto de 2014.


Hélène y Claude, demandantes contra Sabrina por discriminación.

Ese día no quiso a casar a Hélène Burucoa y Claude Génart, quienes la denunciaron por discriminación por razón de orientación sexual. En realidad ambas mujeres sí contrajeron matrimonio ese día, porque Sabrina recurrió a un subterfugio, que fue delegar en un funcionario y firmar los papeles. El problema es que ese funcionario carecía de poderes para casar, por lo cual el matrimonio fue invalidado a finales de año, aunque luego se convalidó. La pareja de lesbianas presentó en cualquier caso su demanda contra ella, buscando una "sentencia ejemplar para la aplicación de la ley".

Durante el juicio, Sabrina rechazó la acusación de homofobia, presentando como testigo a un amigo suyo de veinte años, también concejal aunque elegido por un partido de derechas, y homosexual. Expresó, eso sí, sus "reticencias" ante el matrimonio entre personas del mismo sexo, y otros testigos, entre ellos el funcionario que la sustituyó en el matrimonio, confirmaron que actuó por sus convicciones religiosas como musulmana.

Cuando se tramitó la llamada Ley Taubira (Christiane Taubira es la ministra de Justicia), el presidente François Hollande prometió que se respetaría la objeción de conciencia de los funcionarios implicados en los "matrimonios" entre personas del mismo sexo, pero el articulado de la ley aprobada en 2013 no reflejó ninguna cláusula al respecto.

Dos años después, el lobby gay francés ha conseguido su primera persona condenada a prisión, como lo acaba de conseguir el lobby gay estadounidense en la persona de Kim Davis, funcionaria de un condado de Kentucky.