Para la opinión pública española, Fernando Ferrín Calamita es «el juez que negó la adopción de una niña a dos lesbianas». Nada más lejos de la realidad. El ex juez de Familia de Murcia se limitó a aplicar la legislación protectora del menor y solicitar un informe a un experto sobre las consecuencias que dicha adopción podía acarrear en el desarrollo de la niña.
Desde ese momento, y sin llegar siquiera a dictar sentencia, el poderoso lobby homosexual español, con el acuerdo o la pasividad de todas las instituciones, decidió castigar a Ferrín de manera ejemplar. Así empezó su calvario: condena por «retardo malicioso» en el trámite de la adopción, presiones y chantajes, hitos de un proceso judicial con numerosos puntos oscuros, sin descartar la posible prevaricación de un magistrado.
Este proceso ha tenido como fin la expulsión de la carrera judicial de Fernando Ferrín, un juez justo que se ve obligado, tras una trayectoria impecable, a ejercer la docencia y la abogacía. Pero eso no es todo. Ahora Hacienda le reclama 100. 000 euros correspondientes al sueldo cobrado por el juez mientras estaba suspendido provisionalmente. Aunque Ferrín va a recurrir esta reclamación, está obligado a pagar ese importe antes del próximo 5 de agosto.
Y es que, como explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, «estamos ante una manifiesta injusticia ya que se aplica una doble vara de medir: al juez Garzón le condonan 75.000 euros que cobró indebidamente del Estado mientras impartía unos cursos en Nueva York (y no ejercía como juez sino que cobraba por los cursos) y a Ferrín le reclaman lo legítimamente percibido conforme al artículo 363.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: el suspenso provisional tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas».
Quien lo deseé, puede ayudar al juez Ferrín a hacer frente a la reclamación de Hacienda realizando una aportación en BARCLAYS BANK S.A.E., cuenta 0065- 0036- 71- 0001089147.