Las Equality Act (Sexual Orientation) Regulations entraron en vigor en abril de 2007 en Inglaterra y Gales, y su aplicación obligó a cerrar, o a dejar de ser de la Iglesia, a todas las agencias privadas católicas que tramitaban adopciones de niños. ¿Razón? Dicha ley, aprobada siendo todavía primer ministro el ahora católico Tony Blair y pocos meses antes de su conversión, prohíbe toda discriminación entre parejas heterosexuales y homosexuales a la hora de buscar una familia para un menor sin padres.
Hasta ahora sólo se había mantenido en pie Catholic Care, que lleva dedicada a esa labor desde hace más de un siglo y cada año encuentra solución para unos 20 pequeños sin hogar. Pero, según denuncian ahora los obispos de las diócesis en las que actúa, Arthur Roche, de Leeds, John Rawsthorne, de Hallam, y Terry Drainey, de Middlesbrough, la presión del Gobierno de Gordon Brown se ha hecho ya insoportable.
La batalla jurídica está complicada. En junio de 2009 el Charity Tribunal, al estudiar la apelación presentada por Catholic Care, dictaminó que no se podían hacer excepciones, a pesar de reconocer la «autenticidad» de la objeción religiosa planteada, y el fuerte impacto social de la medida, dado que Catholic Care se dedica sobre todo a niños pobres y con problemas graves.
Pero la presión del lobby gay para aprobar la ley primero, y aplicarla implacablemente después, fue más fuerte, y dicho tribunal sentenció que debía primar el principio de no discriminación por orientación sexual sobre el cumplimiento de los fines sociales de la institución.
Ahora los obispos acudirán al Tribunal Supremo: «Se nos invita o a abandonar nuestro trabajo por la adopción o a dejar de ser una institución católica respetuosa con las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia», alegan para defender su derecho a seguir trabajando por los más desfavorecidos.
La Ley de Igualdad de 2007 recibió las protestas de todas las confesiones religiosas, pero de las once agencias católicas que operan en Inglaterra y Gales, sólo Catholic Care ha continuado la batalla legal, según Catholic News Agency.