El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, junto a monseñor Omella, miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha presentado hoy la «Declaración ante la crisis moral y económica», resultado de la última Asamblea Plenaria de obispos españoles.
En el documento, que será ampliado en el futuro, los prelados españoles iluminan desde el Magisterio de la Iglesia «el grave problema de la crisis, teniendo presente la verdad dobre el hombre "porque la cuestión social se ha convertido en una cuestión antropológica"». Monseñor Omella destacó en la presentación que, aunque no le corresponde a los prelados ofrecer «soluciones técnicas», sí están en condiciones de asegurar que esta crisis «tiene su origen en la pérdida de valores morales, la falta de honradez y la codicia», como «raíz de todos los males».
Una de las manifestacionesmás claras para los obispos de la degradacióm moral que lleva a la crisis material es, sin duda, la falta de protección del derecho universal a la vida de todo ser humano. A este respecto, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha señalado que «es un contrasentido moral y jurídico» que el pecado del aborto no vaya a ser reconocido en el ordenamiento jurídico como un delito ya que es un principio universal que «no se puede quitar la vida a ningún ser humano inocente, nunca y en ninguna circunstancia». El prelado puntualizó que «no siempre lo que es pecado es delito, pero no se entiende que algo que afecta tanto a la dignidad del ser humano no lo sea».
Martínez Camino ha recordado que la doctrina que la Iglesia ha expresado sobre el aborto no está dirigida a nadie en particular (en referencia a una pregunta de los medios referida al presidente del Congreso, José Bono), sino que «en todos los casos de políticos que han defendido el aborto la Iglesia siempre ha dicho lo mismo».
Los obispos españoles, han señalado como víctimas más importantes de esta crisis las familias «sobre todo las numerosas», y dento de éstas en especial a los jóvenes, debido a la «tasa de desempleo disparada, hasta el punto de que hay muchos hogares que tienen a todos sus miembros activos en desempleo, que no reciben ingresos ni del trabajo ni de las prestaciones sociales». La escasa protección social, junto a las «políticas antinatalistas son perniciosas para la sociedad y tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras». A este respecto, monseñor Martinez Camino ha subrayado que «un pubeblo que quita la vida a sus hijos no está preparado para la solidaridad fraterna».
Pequeños y medianos empresarios, agricultores, ganaderos y la «población emigrante de países pobres» son los otros grupos sociales más afectados. Respecto a estos últimos, los obispos piden de forma explícita «un trato humano y solidario», pues «la recién aprobada Ley de Extranjería restringe derechos que afectan decisivamente a su dignidad como personas».
Sobre la gestión que el Gobierno ha realizado de la crisis esconómica, monseñor Omella ha señalado que los primero en una situación de este tipo, es «reconocerla» y, a título personal, ha considerado que el Ejecutivo «ha tardado» en hacerlo.
En la breve declaración, los prelados españoles llama a un compromiso «urgente» de los católicos, en especial para la «renovación ética de la vida social y económica que tenga en cuenta el derecho a la vida» y recuerda que Benedicto XVI asegura en su última encíclica colocaba la apertura a la vida «en el centro del verdadero desarrollo» porque «cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre».
Los prelados invitan, del mismo modo, a aprovechar la crisis como «ocasión de discernimiento» para «poner en Dios la referencia verificadora de nuestras actitudes y comportamientos».
Por otra parte, los obispos españoles muestran una especial preocupación por el desempleo, ya que junto a la pobreza «degrada la dignidad del ser humano». Por ello, señalan, «es necesario impulsar un nuevo dinamismo laboral que nos comprometa a todos en favor de una trabajo decente que sea "expresión de la dignidad esencial de todo hombrey mujer"». A este respecto, monseñor Martínez Camino, ha señalado que «la salida a la crisis nuo puede ser a costa de los derechos de los trabajadores».