Al menos hay que reconocerle sinceridad a Jordi Farrerons, Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica Española (GLSE). Representa a la segunda federación masónica más importante de España tras la Gran Logia de España (GLE), y responde sin ambages a las incisivas preguntas de Miguel Gil, en una entrevista que reproduce este sábado La Gaceta.
«Comprendemos que haya personas a las que les resulte dolorosa la retirada de un símbolo en el que creen, pero no se puede imponer en lugares públicos», afirma Farrerons. Quien, además, respalda la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que considera «una consecuencia lógica de la Europa laica». Es más, la masonería tiene una hoja de ruta hacia esa Europa laica, «y no es otra que la defensa del laicismo». Se queda de que no se esté llevando a la práctica la Ley de Libertad Religiosa porque no se cumple «la retirada de símbolos religiosos de lugares públicos» y por «la toma de posesión de los ministros delante del crucifijo».
Queda clara, pues la posición de apoyo sin fisuras de la GLSE a la línea de actuación de José Luis Rodríguez Zapatero en esta materia. «No nos consta», matiza sin embargo Farrerons, que haya masones en el Ejecutivo, aunque va a ser difícil que se nos revele: «Ningún masón está autorizado a revelar la condición de masón de otro».
Cuando Miguel Gil le señala la contradicción de negar cualquier participación en la política actual y sin embargo reclamar el protagonismo en acontecimientos históricos pasados, Farrerons señala que la masonería quiere actuar como «centro de unión entre partidos»... y cita como modelo el caso de Chile.