En la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth realizada en Perth, Australia, del 28 al 30 de octubre pasado, el primer ministro inglés, David Cameron, amenazó a los países de la mancomunidad británica de privarlos de ayuda económica si no aceptan social y jurídicamente la homosexualidad.

A mediados de año, la Foreign & Commonwealth Office, anunció su “inequívoco compromiso con los derechos de los homosexuales” en todo el mundo e indicó a las embajadas del Reino Unido que apoyen las pretensiones de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Esa política se basa en la reinterpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En consonancia con eso, durante su estadía en Perth, David Cameron declaró: "la ayuda británica debe tener más condiciones. Gran Bretaña es en el mundo, un donante de primera clase. Queremos que los países que reciben nuestra ayuda, adhieran adecuadamente a los derechos humanos, y eso incluye el trato igualitario a gays y lebianas” y aclaró, "estamos diciendo que este es uno de los temas que va a determinar nuestra política de ayuda".


John Evans Atta Mills, presidente de Ghana, respondió con un comunicado que jamás apoyaría el intento de legalizar la homosexualidad en su país, “Gran Bretaña no tiene el derecho de cambiar los valores culturales y morales de Ghana”, añadió.

"Si bien agradecemos la asistencia financiera y toda la ayuda que nos han dado nuestros socios. Si la ayuda no se condice con nuestros intereses, o si su aplicación o su utilización empeora nuestra situación como nación, o destruye la sociedad que queremos mejorar con ese dinero, no vamos a aceptarla”.

Se unieron al rechazo de las pretensiones del Reino Unido, la portavoz del gobierno de Malawi, Patricia Kaliati; y el asesor presidencial de Uganda, John Nagenda, quien acusó a Cameron de “acoso” y de tratar a los ugandeses “como a niños” a los que se les dice lo que deben hacer. “Si necesita llevarse su dinero, hágalo”, concluyó dirigiéndose a Cameron.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Membe, de Tanzania, declaró: "Tanzania nunca aceptará la propuesta de Cameron, porque tenemos nuestros propios valores morales. La homosexualidad no es parte de nuestra cultura y nos comprometemos a no legalizarla. Tanzania está listo para poner fin a las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña si impone condiciones a la asistencia que presta en orden a la adopción de leyes que reconozcan la homosexualidad. Nos guiamos por nuestra tradición. Tenemos familias de una madre, un padre y sus hijos”.

También, el presidente de Zanzíbar, Ali Mohamed Shein, se manifestó en contra de las políticas pro-homosexuales. "Tenemos una fuerte cultura islámica y Zanzíbar aborrece de las las actividades de gays y lesbianas, declaró Shein, no podemos comprometer nuestra cultura profundamente arraigada o permitir algo que está totalmente en contra de nuestra religión. Vamos a rechazar la ayuda”.


El Reino Unido tiene como objetivo a Nigeria, en donde el parlamento discute, por tercera vez en cinco años, un proyecto para prohibir el llamado “matrimonio” entre personas del mismo sexo.

El homosexualismo prevé que podría ser aprobado, por lo que organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y la International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRG) están en campaña para comprometer al presidente, Goodluck Jonathan, en un posible veto si la ley fuera sancionada.


El 8 de noviembre pasado, el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, que pasó a la Cámara de Diputados. El proyecto incluye entre los motivos de “discriminación arbitraria” la identidad de género y la orientación sexual.

“El proyecto es extremadamente peligroso -comenta Acción Familia- una vez que, como se sabe, el lobby homosexual considera como “homofobia” -entiéndase discriminación arbitraria- cualquier limitación al ejercicio de sus cuestionadas conductas. Ejemplo de esta posición han sido las demandas contra el actual obispo de San Bernardo por cancelar los permisos de impartir clases de religión a una persona lesbiana”.


También el 8 de noviembre, recibió el despacho de las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de identidad de género, y de esa forma quedó listo para su tratamiento en el pleno.

El proyecto define la “identidad de género” como un “derecho humano” por el que se debe reconocer “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.


Sólo por ejemplo, en estos días, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se convirtió en la primera casa de altos estudios de Argentina en contemplar en su reglamentación el reconocimiento de la identidad de género elegida por sus miembros. Lo hizo a través de una ordenanza aprobada en el Consejo Superior, por la cual se declara a la UNC como “institución libre de discriminación por identidad y expresión de género”, (rosario3.com, 191011). Igual medida tomó la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Además, por disposición de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, todas las actuaciones judiciales que involucren personas trans deberán denominarlas por su nombre de elección y no por el que figura en el documento nacional de identidad.

Meses antes, el gobernador de Santa Fe y ex-candidato presidencial, Hermes Binner, autorizó por decreto que el Registro Civil modificara el nombre y género en la partida de nacimiento de un transexual.