Durante más de 5 años, José María Gil Tamayo fue secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y desde 2018 es obispo de Ávila, donde ha tenido que hacer frente a la pandemia de coronavirus no sólo desde el ámbito pastoral sino también personal, pues se contagió y estuvo más de un mes hospitalizado.
El prelado reconoce en una entrevista en ABC que el virus “deja secuelas conocidas de las que me voy liberando, sobre todo pulmonares, pero estoy bien. Los médicos están asombrados. Estoy haciendo vida normal, ya lanzado en la diócesis con las tareas ordinarias de un obispo. Sobre todo empujando y animando en esta situación”.
Y en este aspecto se encuentran las restricciones para la asistencia al culto y el equilibrio entre la libertad religiosa y las normas sanitarias. “Creo que tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía pero el ejercicio de ciudadanía exige jerarquizar derechos y el primero es el de la vida, pero también el de la libertad religiosa. De la armonía del ejercicio de los derechos sale una justa convivencia y eso es beneficioso para todos. Tenemos que seguir ciertamente las pautas que las autoridades nos dan, pero la dimensión religiosa, que está en el fondo de la libertad religiosa como derecho fundamental, no es un asunto para confinarlo permanentemente en la vida privada. También tiene una manifestación social y pública, que han de ser ejercitada con respeto. Debemos respetar las normas que establezcan las autoridades, pero, en reciprocidad, las autoridades deben considerar esta dimensión religiosa que es un derecho de las personas”, agrega.
"Un derecho de diseño"
Otro tema de gran actualidad que preocupa al obispo de Ávila es el avance en el Congreso del proyecto de ley de la eutanasia promovido por el Gobierno y que es vendido como un “nuevo derecho”. En su opinión, “es un derecho de diseño” pues “no hay derecho a morir, hay derecho a la vida. A la vida en su integridad, en todas sus fases y de todas las personas. Y esto tiene que estar en la médula de cualquier organización social, empezando por la familia y terminando por la organización de los estados y la comunidad internacional”.
De este modo, monseñor Gil Tamayo incide en que “no podemos abrir un corredor de la muerte clínica legalizado yendo contra los principios básicos de la ética médica y del instinto de la persona a la supervivencia. Lo que tenemos que hacer es poner los medios cuando ya no se puede curar para cuidar. Para eso están los cuidados paliativos y por eso es necesario derivar allí todas las ayudas posibles para que las personas puedan vivir el tiempo que les quede en las mejores condiciones y rodeadas de los suyos. Ese es el camino sobre el que deberíamos avanzar. El derecho a la muerte no es un derecho progresista ni es un derecho humano. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental”.
El obispo de Ávila va más allá y asegura que “hay una ideología de fondo, una ideología que ha creado unos derechos de tercera generación, absolutamente de diseño y los ha hecho bandera. Ahora se ha asumido también la ideología de género que no es progresista. Solo consagra egoísmos personales o colectivos”.