La abadía del Valle de los Caídos ha presentado un escrito para retirar el recurso contra el acceso a los osarios del cementerio de la basílica, pendiente de resolución por vía contencioso-administrativa.

La retirada del recurso, y por tanto de la suspensión cautelar del acceso determinada por el juez, permitirá que el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) termine de realizar las labores encomendadas por Patrimonio Nacional: verificar si es posible el acceso al osario sin causarle daños estructurales, y en caso afirmativo permitir que los forenses determinen si es posible la identificación individualizada de los cuerpos de Manuel y Ramiro Lapeña, cuyos familiares han solicitado la exhumación.

De no ser posible esa identificación individualizada, es decir, sin tocar los restos de otras personas enterradas en el mismo osario, habría que solicitar la autorización para moverlos de todos y cada uno de los familiares de los miles de personas, combatientes de ambos bandos en la guerra civil, que comparten ese osario.

Por tanto, queda garantizada la integridad de los restos cadavéricos de las treinta y cinco personas cuyos familiares escribieron a la abadía negándose a que fuesen movidos.


Este viernes, durante un desayuno en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum Europa en torno a la Semana Santa pucelana, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, fue preguntado por esta cuestión.

Según el presidente de la Conferencia Episcopal Española, "en la cuestión del Valle de los Caídos hay dos instituciones que confluyen: Patrimonio Nacional y una comunidad monástica de benedictinos. La comunidad monástica de benedictinos tiene unas competencias que están en relación con el culto del templo y Patrimonio Nacional tiene otras competencias".

Según monseñor Blázquez, "si la autoridad legítima al abad del Valle de los Caídos le dice «Aquí tenemos estos restos, mandamos que sean custodiados aquí», el abad del Valle de los Caídos no se puede negar, ni para recibirlos ni para sacarlos. El responsable en ese punto es Patrimonio Nacional".


En la carta que dirigió esta semana a la Comisión de Justicia del Senado, el prior de la abadía de la Santa Cruz no se negaba a sacar esos restos, antes al contrario, reconocía "los derechos de los familiares que solicitan exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a otro cementerio".

Tampoco discutía la competencia de Patrimonio Nacional sobre los restos sino que "puso sus reparos a un primer proyecto de actuación por parte de Patrimonio Nacional", que es el origen de los recursos de alzada primero, y contencioso después, interpuestos contra dicho proyecto y su ejecución.

Es la posibilidad de daños estructurales sobre el osario, y la salvaguarda de los derechos de los familiares de los demás enterrados (cuyos restos, por ley, no pueden tocarse sin sus consentimientos respectivos), lo que motivó el recurso de la abadía, y la decisión del juzgado de lo contencioso de paralizar cautelarmente las intervenciones.

Con la retirada del recurso, los trabajos del instituto Eduardo Torroja podrán continuar, pero no podrá saberse si habrá exhumaciones hasta verificar si es posible el acceso al osario sin causarle daños estructurales, por un lado, y sin tocar los restos de los demás enterrados, por otro.