EL PSOE (Partido Socialista Obrero Español) celebrará su 40 Congreso el próximo mes de octubre y en estos días ya se están publicando datos sobre los documentos que aprobarán y que supondrán la línea a seguir por el partido. Pedro Sánchez ya ha anunciado que pretende que se incluya formalmente la definición del partido como “feminista y ecologista”.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ante la falta de cualquier tipo de logro en su gestión, el PSOE (partido que sustenta el Gobierno) intenta esconder sus fracasos mediante propuestas ideológicas pese a que su demanda o importancia real sea escasa o nula. Así durante estos meses se ha aprobado la eutanasia, se tramitará en breve la ley trans y también la Ley de Memoria Democrática que prevé la expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos.
Ahora la Cadena Ser publica un aspecto muy concreto de la ponencia del PSOE y que ya se venía avanzando desde hace tiempo. Pide denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede y la firma de otros, según los socialistas, “propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional”.
Dentro del apartado de regeneración democrática, el PSOE afirma querer ahondar en la laicidad y sostiene que “es el momento” de cambiar los acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979.
Adecuada separación ética pública-ética privada
Los socialistas insisten que se deben “actualizar unos acuerdos que son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución” y la ponencia explica: “esta revisión, que en términos propios de Derecho Internacional se denomina 'denuncia', la llevaríamos a cabo en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos".
Por su parte, con respecto a la nueva normativa que plantea, el documento socialista afirma comprometerse “con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones. Una nueva Ley que promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas".
Según ese texto, quieren impulsar “una norma que pivote sobre las libertades individuales y los derechos fundamentales, que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública-ética privada y el pluralismo religioso y filosófico”, una "ley del siglo XXI".