La inquietud por los derechos (libertad de educación, libertad de expresión, secreto profesional) amenazados por vía administrativa en las leyes de imposición de la ideología de género y privilegios para el lobby LGBT aprobadas en marzo y en julio por la Asamblea de Madrid ha encontrado su confirmación en las respuestas de un alto cargo de la Comunidad de Madrid a preguntas del diario Actuall.
“Creo personalmente que el colectivo LGTBI pretende inmiscuirse en la educación de nuestros hijos”. Así opina el director general de Familia en la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, en referencia a la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
Aunque ha asegurado, a preguntas de Actuall, que es una “opinión personal desvinculada de su cargo”, el director general de Familia considera que algunos aspectos de esta ley “rozan la ilegalidad”.
A pesar de expresarse en este sentido, el director general de Familia respalda públicamente la ley LGTBI aprobada por la Asamblea de Madrid y cree que “no impide que los padres tengan todavía el poder para proteger a sus hijos”. En ese sentido también ha asegurado que el Partido Popular “va a controlar cómo se va a desarrollar la ley para que no haya irregularidades”.