La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retirará la delegación de oficiar matrimonios a aquellos concejales del Consistorio de la capital catalana que se nieguen a casar a parejas del mismo sexo.
El Ayuntamiento, según informa el propio Consistorio mediante un comunicado, sigue de este modo una recomendación recientemente formulada por el Síndic de Greuges de Catalunya [el equivalente autonómico al Defensor del Pueblo, nota de ReL] a raíz de un caso producido en el Ayuntamiento barcelonés.
Hace ahora un par de años el entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona Óscar Ramírez alegó “objeción de conciencia” para no tener que celebrar un matrimonio de dos personas del mismo sexo.
Cuando se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo en España en el año 2005 el PP dio libertad a sus concejales para actuar según las convicciones personales de cada uno.
Ahora, el Gobierno de Ada Colau elimina algo tan básico en democracia como la objeción de conciencia en casos que violenten la conciencia de una persona como es el caso del llamado ‘matrimonio’ homosexual.
El episodio protagonizado por el concejal popular Oscar Ramírez llegó hasta la mesa del Síndic y la institución consideró que esta objeción de conciencia es en verdad una vulneración de los derechos de la pareja.
El Consell LGTBI también debatió el tema y llegó a la misma conclusión que el Síndic.
La celebración de bodas civiles es una potestad que el Código Civil otorga a los jueces y los alcaldes.
La misma norma establece que esta obligación puede ser delegada en los concejales de cada Ayuntamiento, un extremo que también está estipulado en la propia Carta Municipal de Barcelona.
Cada Consistorio es autónomo para determinar cómo se reparte el oficio de las diversas uniones que celebra. La alcaldesa Colau ya envió una carta informando de su medida y de su posición a todos los cargos electos de la corporación municipal barcelonesa.
El Gobierno de Ada Colau participa del homosexualismo político, tendencia política que quiere llevar la ideología de género y los postulados del lobby gay a la política e instaurarlos en la educación, la sociedad, etcétera...
Ahora, además, el Ayuntamiento también acaba de informar que dedicará un local diáfano de dos plantas y más de 1.200 m2 del barrio de Sant Antoni, el número 22 de la calle Comte Borrell, al Centro Municipal de Recursos LGTBI.
Este centro pretende ser un equipamiento público de información y asesoramiento sobre los postulados del homosexualismo político a todos los ciudadanos y entidades. Su funcionamiento terminará de perfilarse en un "proceso participativo".