La Ley Celáa, el proyecto de Ley de Educación (Lomloe) que tramita el Gobierno de Sánchez e Iglesias, se está encontrando con una masiva movilización por parte de las familias, los profesores y los propios centros concertados ante el ataque ideológico sin precedentes y gran escala que propiciaría el cierre de numerosos colegios y el fin efectivo de este modelo educativo.

Más de un millón de personas ha firmado ya el manifiesto contra la Ley Celaá de la plataforma Más Plurales, que engloba a profesionales, colegios y familias, y la recogida de firmas sigue avanzando mientras se van desarrollando otra serie de iniciativas como concentraciones para frenar una ley que pretende acabar con los colegios concertados, la educación diferenciada y la especial, así como prácticamente dejar sin efecto la asignatura de Religión.

Este es el momento de luchar por la libertad de las familias, una lucha que va más allá del Parlamento y que depende de los padres, los profesores y todos los españoles que defienden la libertad educativa y el derecho a educar a los hijos según los valores de la familia.

“Cuando la ministra Celaá afirmaba hace unos meses que los hijos no son de sus padres, sabía lo que decía. Anunciaba lo que estaba por venir. Si los hijos no son de los padres, ¿de quién son? La pregunta encuentra su respuesta en la LOMLOE o Ley Celaá”, explican desde Más Plurales.

La ministra Isabel Celaá es la impulsora de esta nueva ley de educación

De hecho, esta ley deja de manifiesto –agregan- “que por primera vez en la historia de la democracia Celaá ha excluido a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva Ley educativa. Y tiene sentido. Porque en ella no hay lugar para las familias. Será el Estado, y no tú, quien decida la educación que han de recibir tus hijos. Tampoco hay espacio para la enseñanza concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual, pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá”.

De este modo, la ley Celaá “supone, en definitiva, la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”. De ahí la importancia de la movilización y de mostrar al Gobierno que en frente tiene un bloque con millones de españoles que no darán un paso atrás en la defensa de sus derechos. Y la recogida de firmas muestra esa capacidad de movilización. (Si aún no ha firmado puede hacerlo AQUÍ).

¿Qué pretende conseguir la Ley Celaá? Desde Más Plurales ofrecen este decálogo sobre los puntos en los que el Gobierno quiere coartar la libertad. Son los siguientes:

1. La LOMLOE supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación

2. La LOMLOE pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer las vacantes.

La eliminación de la demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.

3. La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.

4. Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad.

5. Se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.

6. La LOMLOE abre la puerta a la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros. Esta medida, además de innecesaria e injustificada, supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros y la creación de un “comisario político”.

7. La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado. Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”. Igual cabría preguntarle si en su opinión ¿pertenecen al Estado, tal vez?

8. Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa. Hay quien opina que es una garantía de igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?

9. La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias... sin margen para los centros.

10. Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión, Sí... Especial, también. Otro límite a la Libertad de Enseñanza.

¿Qué piden las familias, los profesores y los centros? En su manifiesto esta plataforma detalla las necesidades reales, y no las inventadas e impuestas por el Gobierno, de los colegios y los padres. Esto es lo que demandan:

1. La escuela más adecuada.

La sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica.

2. Modelo plural, heterogéneo e inclusivo.

La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos.

3. Pública, concertada y privada.

Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.

4. Financiación adecuada de centros públicos y concertados.

El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos.

5. Control político: Agresión a la libertad de conciencia.

A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.

6. Desaparición de centros de educación especial en contra de las familias.

La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.

7. Libertad de elección de centro.

La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos.

8. Mejoras reales para el personal de los centros.

Mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros. La LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.

(Recuerde que si aún no lo ha hecho puede firmar aquí el manifiesto contra esta ley)