En el debate sobre la independencia de Cataluña, algunos católicos agrupado en el Foro Cristians per la independència han lanzado manifiestos o publicado numerosos artículos en medios propiedad de la Iglesia como Catalunya Cristiana, ampararndo el derecho a la secesión en el Magisterio de la Iglesia.

Jorge Soley, experto en Doctrina Social de la Iglesia, director de un empresa cultural dedicada a la exportación y padre de familia, ha escrito un documentado artículo en la revista Cristiandad desmontando las pretensiones de quienes quieren que la Doctrina de Iglesia ampare el derecho a la secesión. Su título: "Las distorsiones nacionalistas de la Doctrina Social de la Iglesia y la secularización de Cataluña". ReL lo reproduce íntegramente por su planteamiento constructivo e iluminador de esta cuestión tan candente:

«La agitada situación política que vive Cataluña y el debate en torno a su secesión de España han provocado multitud de reacciones y tomas de posicionamiento, también entre los católicos catalanes. Aunque no han faltado palabras sensatas, lo cierto es que han sido numerosas las manifestaciones ambiguas, poco precisas o que distorsionan el Magisterio de la Iglesia para presentar esas posturas separatistas como emanadas de la Doctrina Social de la Iglesia. Ante la desorientación que están provocando este tipo de manifestaciones creo que es importante analizar y precisar qué podemos decir como cristianos al respecto.

En primer lugar será bueno detenernos en los argumentos de aquellos católicos que defienden posturas favorables al derecho de secesión por parte de Cataluña. Su argumentación, aunque con variantes y matices importantes en cada caso, se centra en la defensa de un derecho propio de las naciones, que sería de aplicación a Cataluña y que ven afirmado por Juan Pablo II, con distintos matices, principalmente en tres ocasiones distintas (hemos encontrado alguna otra referencia a discursos menores, como el de Juan Pablo II al presidente del Zaire en 1980, el discurso a los miembros de la Corte de la Haya en 1985 o el discurso al cuerpo diplomático en Vilnius, Lituania, en 1993, pero no aportan ningún argumento doctrinal diferente de los expuestos con mayor amplitud y sistemática en los tres textos que se analizan a continuación):

»1. su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU el 5 de noviembre de 1995, en el que el entonces Papa sostenía que “los ´derechos de las naciones´ , que no son sino los "derechos humanos" considerados a este específico nivel de la vida comunitaria”.

2. En el discurso de Juan Pablo II al Cuerpo Diplomático en enero de 1984, en el que afirmaba que “hay algunos pueblos que están esperando con impaciencia acceder a la independencia y ser reconocidos como tales en el seno de las Naciones Unidas. Compartimos con ellos su esperanza”.

3. Por último, en la Carta Apostólica de Juan Pablo II con ocasión del 50 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en la que se puede leer lo siguiente: “¡No hay paz si los derechos de todos los pueblos —y particularmente de los más vulnerables— no son respetados! Todo el edificio del derecho internacional se basa sobre el principio del igual respeto, por parte de los Estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad”.

Estas intervenciones se recogen y vertebran el manifiesto que la sectorial de la “Assemblea Nacional Catalana”, Cristians per la independencia (un nombre que ya anuncia que lo cristiano es instrumental, al servicio de otra cosa, como ya ocurría en los tristemente célebres en su día “cristianos por el socialismo”), publicó en la revista El Senyal, del Obispado de Gerona y han sido citados también en otros artículos publicados en diversos medios y que suelen hacer referencia al número 157 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que recoge estos discursos de Juan Pablo II.

Uno de estos artículos, publicado en Catalunya Cristiana, recoge un argumento más en favor de un referéndum independentista, que es contemplado como una especie de derecho básico. Leemos que “en dicha consulta se juega una cuestión ética, y de hecho la tiene, al tener en cuenta el principio de participación, que el Compendio de Doctrina Social, de la Comisión Pontificia Justicia y Paz propone como uno de los pilares fundamentales de la construcción de la sociedad”. De este modo, el derecho a un referéndum secesionista sería sinónimo de principio de participación.

Con una redacción mucho más confusa e inexacta (la Iglesia, por ejemplo, siempre ha sostenido la accidentalidad de las formas de gobierno y, en consecuencia, no defiende la democracia como sistema y sí en cuanto se utilice el término como sinónimo de participación en la vida política), es lo que pretende expresar el manifiesto de Cristians per la independencia cuando sostiene que “la reclamación de una consulta sobre el futuro político de Cataluña se fundamenta también en el pensamiento social de la Iglesia que ilumina esta realidad con la afirmación del pueblo como sujeto de la autoridad política, con la defensa de la democracia como sistema y con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las naciones, entre los que se encuentra el de autodeterminación”.

No vamos a detenernos mucho en este último argumento pues nos parece sumamente débil. Si negar el derecho a un referéndum independentista es negar el derecho a la participación, casi ningún pueblo a lo largo de la Historia ha podido participar realmente en la construcción de la sociedad que propone el Compendio de Doctrina Social, lo que supone una falsedad evidente. La participación política tiene muchísimos cauces y no equivale a votación. La participación activa en la vida de la comunidad política ya es ejercida realmente en la actualidad (eso sí, con limitaciones en muchos casos impuestas precisamente por aquellos que promueven el referéndum secesionista) en condiciones equivalentes al del resto de países de nuestro entorno y por tanto resulta muy aventurado que, con libertad de asociación y elecciones cada dos por tres, se pueda sostener que el principio de participación es conculcado en Cataluña.

Lo que sí podemos afirmar es que el derecho a la participación política, que puede ejercerse por diversos cauces, en ningún caso puede significar el derecho a declarar extranjeros a una parte de los propios conciudadanos. Negar esa posibilidad no es negar la participación política, sino negar el derecho a excluir a otros conciudadanos de esa participación en la vida política de la comunidad.

Pasemos pues a las citas de los discursos de Juan Pablo II. Con ellas ocurre como con las citas de la Biblia: debidamente sacadas de contexto pueden servir para justificar casi cualquier cosa (algo que, por ejemplo, hizo el presidente sudafricano Daniel F. Malan, ministro ordenado de la Iglesia Reformada de Holanda, para justificar el apartheid en 1948). Es pues muy recomendable ir al texto citado y leerlo en su contexto para no traicionarlo y hacerle decir lo que no dice.

En el discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU el 5 de noviembre de 1995, los derechos de las naciones de los que habla Juan Pablo II son los de las naciones invadidas y sometidas, de modo directo o indirecto, al totalitarismo nazi o comunista. Así, el Papa afirma que la Segunda Guerra Mundial tuvo su origen en violaciones de los derechos de las naciones (Austria, Checoslovaquia, su Polonia natal): "crímenes terribles fueron cometidos en nombre de doctrinas nefastas que predicaban la inferioridad de algunas naciones y culturas". Y mas adelante afirma que, "por desgracia, incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial los derechos de las naciones han continuado siendo violados. Por poner solo algunos ejemplos, los Estados bálticos y amplios territorios de Ucrania y Bielorrusia fueron absorbidos por la Unión Soviética, como había sucedido ya con Armenia, Azerbaiyán y Georgia en el Cáucaso".

Realmente resulta sorprendente comparar este contexto con el que se vive en España y Cataluña. ¿Dónde están las invasiones, las anexiones, los “anschluss”? ¿Dónde las ideologías que sostienen la superioridad de algunas naciones y culturas? Juan Pablo II, que vivió en su propia carne el totalitarismo nazi, primero, y comunista, después, nunca habría aceptado que se aplicaran unas palabras suyas sobre una situación de tal gravedad a la Cataluña de principios del siglo XXI, donde, dicho sea de paso, si hay alguien que defienda teorías de superioridad de los pueblos lo encontraremos entre las filas de los nacionalistas que reclaman el derecho a la secesión.

Y es que fue precisamente en ese mismo discurso ante la ONU, en 1995, donde Juan Pablo II advirtió con fuerza contra el nacionalismo exacerbado que no se detiene ante nada en sus ansias de reafirmación identitaria. En un pasaje que los Cristians per la independència se guardan mucho de citar, Juan Pablo II declara que “El nacionalismo, especialmente en sus expresiones más radicales, se opone por tanto al verdadero patriotismo, y hoy debemos empeñarnos en hacer que el nacionalismo exacerbado no continúe proponiendo con formas nuevas las aberraciones del totalitarismo. Es un compromiso que vale, obviamente, incluso cuando se asume, como fundamento del nacionalismo, el mismo principio religioso, como por desgracia sucede en ciertas manifestaciones del llamado fundamentalismo”.

Por último, encontramos en el discurso una actitud de lógica prudencia por parte del Papa, consciente de que el termino nación, en su moderna acepción, no es unívoco y que las pretendidas unanimidades y voces del pueblo suelen esconder burdas manipulaciones.

Así, Juan Pablo II advierte de que “una reflexión sobre estos derechos ciertamente no es fácil, teniendo en cuenta la dificultad de definir el concepto mismo de "nación"”, para acabar señalando que “este derecho fundamental [de las naciones] a la existencia no exige necesariamente una soberanía estatal, siendo posible diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como sucede por ejemplo en los Estados federales, en las Confederaciones, o en Estados caracterizados por amplias autonomías regionales".

No está de más recordar aquí que la actual autonomía de Cataluña en el seno de España no tiene parangón con la de otras regiones europeas, incluyendo los lander alemanes, con un grado de autogobierno muy inferior.

El discurso al Cuerpo Diplomático de 1984 es utilizado para argumentar que lo que dice el Papa sobre “pueblos que están esperando con impaciencia acceder a la independencia” es de aplicación a la Cataluña actual. Pero antes de decidir si es así o no, debemos leer el documento completo y entender de qué está hablando el Papa.

La citada declaración aparece inmediatamente después de que Juan Pablo II trate del proceso de descolonización “que ha permitido a numerosos pueblos acceder a la plena soberanía” y que bajo ningún concepto es aplicable al caso catalán. De hecho, el único caso en que el derecho internacional reconoce el derecho de autodeterminación es en estos casos de descolonización: la resolución 2625 de la ONU, frecuentemente aducida para justificar la autodeterminación, excluye explícitamente la aplicación de ese derecho a los casos de secesión, como sería el caso catalán, al afirmar que "Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá́ en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color".

Pero el Papa va más allá y disipa toda ambigüedad al concretar a quiénes se refiere cuando señala ese anhelo de independencia: “Namibia, cuyo lento y trabajoso caminar en este aspecto no ha tenido aún resultado” y “el pueblo palestino”, de quien afirma que es de desear que disponga de una patria.

Resulta evidente que ambos casos están muy alejados de la realidad catalana y son de imposible equiparación. Ahora bien, sorprende el silencio sobre otro pasaje en el mismo discurso en el que Juan Pablo II sí señala situaciones que podrían aplicarse a España y Cataluña cuando afirma que “Por otra parte, países soberanos, independientes desde hace tiempo o recientemente, se ven a veces amenazados en su integridad por la contestación interior de una fracción que llega hasta intentar o reclamar la secesión”.

Aquí, en cambio, no encontramos ninguna defensa de un supuesto derecho de autodeterminación, sino que el Papa, con gran prudencia, sostiene primero que “los casos son complejos y muy diversos”, para añadir que los derechos de las naciones de los que había hablado antes deben ser limitados por “el derecho de los Estados a su integridad y soberanía” (un derecho que Cristians per la independència parecen resistirse a leer en el texto pontificio).

Ante situaciones de tensión de este tipo, el Papa es claro: “deseamos que más allá de las pasiones – y evitando todas las formas de violencia – se llegue a formas políticas bien articuladas y equilibradas, que respeten las particularidades culturales, étnicas, religiosas y, en general, los derechos de las minorías”. En definitiva, una situación como la que vivimos actualmente en Cataluña.


El tercer texto de Juan Pablo II citado a favor de un supuesto derecho a la secesión es la Carta Apostólica de Juan Pablo II con ocasión del 50 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, nuevamente, ocurre lo que veíamos en el discurso ante la ONU en 1995: el Papa está hablando de naciones que han sido invadidas violentamente, sometidas a una represión atroz y a regímenes tiránicos, empezando por su Polonia natal, pero que no tienen paralelismo alguno con la situación que vivimos en Cataluña. Por eso puede decir el Papa que “Hoy es esencial que situaciones como la de Polonia de 1939, asolada y dividida según las preferencias de invasores sin escrúpulos, no vuelvan a producirse más. No se puede evitar, a este respecto, pensar en los países que todavía no han obtenido su plena independencia, así como en aquellos que corren el riesgo de perderla. En este contexto y en estos días hay que recordar el caso del Líbano, donde fuerzas aliadas, siguiendo sus propios intereses, no dudan en poner en peligro la existencia misma de una nación”.

El ejemplo del Líbano es pertinente: vemos a
aquí nuevamente la invasión de potencias extranjeras que se reparten el país, que crean campos de internamiento, que instauran gobiernos tiránicos en las zonas bajo su control… Un escenario que nadie en su sano juicio puede equiparar al de una Cataluña donde, además de no haberse producido invasión alguna, desde hace tres décadas los nacionalistas detentan el poder, controlan los medios de comunicación de mayor importancia (ya sea directamente, en el caso de los medios de titularidad pública, o a través de jugosas subvenciones necesarias para su viabilidad en el caso de los de titularidad privada) y deciden en materia educativa entre otras competencias de rango autonómico.

En definitiva, las ocasiones en las que Juan Pablo II se manifestó a favor de la independencia de un territorio siempre fue o por una invasión injusta del mismo o por tratarse de un caso de colonización. Ninguno de estos dos escenarios se da en Cataluña.

Para acabar este recorrido por las enseñanzas de Juan Pablo II, es conveniente atender a las palabras de Juan Pablo II en el año 1991 ante una situación que sí guarda paralelismos con la que vivimos en Cataluña: nos referimos a las propuestas secesionistas de la Liga Norte italiana.

En el “Mensaje a los Obispos italianos sobre las responsabilidades de los católicos ante los desafíos del momento histórico actual”, el Papa afirma: “Me refiero especialmente a las tendencias corporativas y a los peligros de separatismo que, al parecer, están surgiendo en el país. A decir verdad, en Italia, desde hace mucho tiempo, existe cierta tensión entre el Norte, más bien rico, y el Sur, más pobre. Pero hoy en día esta tensión resulta más aguda. Sin embargo, es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada”. Unas palabras que conservan toda su actualidad pero que, por desgracia, no encontrarán citadas por Cristians per la independència.

En esta revisión por las declaraciones que afectan a la posible secesión de un territorio no podemos dejar de citar dos documentos de la Conferencia Episcopal Española que creemos que aportan luz a este debate.

El primero es la Instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, del año 2002, en la que podemos leer que “España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”.

Y más adelante, “Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria”. Y es que, nos recuerdan nuestros obispos, “la pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario”.

Finalmente, en el 2006, la Conferencia Episcopal volvió a advertir contra el independentismo en la Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España al afirmar que “Las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? (…) ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?”.

Creo que este recorrido, principalmente por los discursos de Juan Pablo II en los que se basan quienes sostienen que el derecho a la secesión forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia, demuestra que un análisis completo y no sesgado de los discursos del Papa no dan amparo a estas pretensiones.

En consecuencia, podemos afirmar que en ningún modo la Iglesia, a través de su Magisterio, da cobertura a las pretensiones independentistas que reclaman en Cataluña un referéndum secesionista. Si somos honestos y leemos con rectitud a Juan Pablo II esta conclusión resulta evidente, por mucho que duela a algunos.

Además, el mismo Magisterio de la Iglesia nos recuerda reiteradamente que existe un criterio básico de moralidad, que es la verdad. Construir una reivindicación política sobre la mentira, ya sea esta histórica, negando la convivencia de siglos, ya sea esta de carácter económico, manipulando datos y "balanzas" y apelando al egoísmo, como estamos viendo día sí, día también, en las argumentaciones de quienes promueven la independencia de Cataluña, es a todas luces inmoral (sin perjuicio de que a otras posiciones, contrarias pero también basadas en la mentira, se les pueda aplicar el mismo juicio).

A esta reflexión podríamos añadir la siguiente pregunta: ¿no es a todas luces ilegítimo e inmoral dedicar ingentes recursos públicos a quebrar la convivencia, exacerbando y manipulando delicadas cuestiones que dividen y polarizan a la sociedad? ¿Y más aún, en tiempos de grave crisis económica en los que la llamada que la Iglesia lanza para atender especialmente a los más pobres resuena con mayor fuerza si cabe?

Pero regresando a la desaprobación de los movimientos secesionistas por parte de la Iglesia y su Magisterio, de hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el pasado, veremos que este rechazo a las posturas secesionistas ha sido una constante en la historia de la Iglesia, y esto incluso en casos en los que los secesionistas eran fervientes católicos que vivían bajo un soberano no católico, lo que a priori debería haber justificado el apoyo de la Iglesia a estos movimientos.

Resulta muy significativa la postura del Papa Gregorio XVI ante la revolución polaca de 1830 contra el Zar ruso, que el Papa no sólo no apoyó, sino que atacó vivamente en su Carta Encíclica Cum Primum a los Obispos de Polonia sobre la autoridad de los Príncipes, fechada el 9 de julio de 1832. Otro ejemplo histórico meridiano es la reticencia por parte de los diferentes Papas a apoyar explícitamente la independencia de Irlanda.

Podríamos pensar que esta actitud de la Iglesia está movida por un exceso de prudencia que la habría llevado a un inmovilismo pacato. En realidad, la Iglesia, que siempre es Madre, ha demostrado en estos casos una clarividencia muy poco común.

Su postura no viene dictada por un anquilosado miedo al cambio, sino por una auténtica prudencia que siempre vela por el bien de sus hijos. Y lo que veía la Iglesia y los Papas enfrentados a estas situaciones era el peligro, nada teórico sino bien real, de que los católicos, intoxicados de nacionalismo, fueran abandonando su fe para sustituirla por una nueva idolatría, la del culto a la Nación. Este fenómeno incluso se podía revestir de lenguaje religioso, aún católico, pero ya estaba vaciado de todo contenido realmente cristiano y estaba al servicio de una nueva religión secular que acabaría secularizando las sociedades en las que triunfara. De ahí que los Papas hayan distinguido siempre entre el recto amor a la patria de la ideología nacionalista: la una virtud que el cristiano intenta vivir y que es como una extensión del mandamiento de honrar a padre y madre, la otra una ideología desordenada que absolutiza una realidad y la idolatra, acabando por destruir aquello a lo que pretende dar culto.

Por ello mismo advertía Juan Pablo II en su libro Memoria e identidad que "se debe evitar absolutamente un peligro: que la función insustituible de la nación degenere en nacionalismo". Es este peligro contra el que Francisco Canals advertía cuando escribía que “el nacionalismo, amor desordenado y soberbio de la «nación», que se apoya con frecuencia en una proyección ficticia de su vida y de su historia, tiene a suplantar la tradición religiosa auténtica y a sustituirla por una mentalidad que conduce por su propio dinamismo a una «idolatría» inmanentista, contradictoria intrínsecamente con la aceptación de la trascendencia divina y del sentido y orientación sobrenatural de la vida cristiana”.

Este peligro no es algo del pasado, sino que está muy presente entre aquellos católicos que defienden el proceso secesionista catalán. Las declaraciones de Montserrat Espinalt, provincial de la provincia de Barcelona de la Hermanas Vedrunas, durante el acto de presentación del documento de adhesión de algunas “entidades cristianas” al “Pacte Nacional pel Dret a Decidir” no dejan lugar a dudas: “En esta realidad leemos rasgos del proyecto liberador de Dios, que reconoce la dignidad de todos, respeta los valores de cada cultura y nos invita a impregnar la historia con parámetros de igualdad y justicia”. La confusión entre la providencia de Dios y el proyecto secesionista muestra el peligro, secular, de unos católicos puestos al servicio de la política, que acaban por idolatrar y que ocupa el lugar que le está reservado sólo a Dios.

Es justamente este fenómeno el que tenemos ante nuestros ojos en Cataluña: la hegemonía nacionalista, con su control sobre la educación y la mayoría de medios de comunicación, ha resultado en una secularización y un rechazo a lo católico mucho más intensa que el de otras regiones de nuestro entorno. Era previsible.
 
En un reciente artículo, Daniel Arasa reconocía que el nacionalismo independentista “ha pasado a ser mucho más que una opción política. En muchos lo llena todo, ha desplazado a cualquier otra creencia. Dicho de otra forma, es para ellos el nuevo Absoluto, el nuevo Dios”.

Y con el advenimiento de este nuevo dios, el Dios verdadero es expulsado cada vez más de la vida de los hombres. Los ejemplos que podríamos aducir son innumerables y muy conocidos; baste aquí señalar, por ser especialmente significativo, que en la última década, precisamente aquella en la que el fervor secesionista se ha disparado, ha puesto a Cataluña a la cabeza de las regiones con mayor porcentaje de matrimonios civiles, un 82%, frente a un escuálido 16% de matrimonios católicos.

La realidad, pues, ha sido que el nacionalismo, si bien se ha podido revestir de ropajes religiosos momentáneamente, ha socavado y despreciado la Cataluña real, que hasta no hace tantas décadas era profundamente cristiana y tradicional, y que por ello mismo no encajaba con la idea de “nación catalana” promovida por el nacionalismo catalanista, una “nación” siempre en construcción (recordemos aquí la reiterada consigna de “construir país”) y que, por consiguiente, nunca ha tenido existencia real.

Es por ello mismo que el nacionalismo catalanista guarda silencio, cuando no desfigura y calumnia directamente, todo lo que especialmente desde fines de la Edad Media hasta nuestros días manifiesta la perseverante continuidad de la Cataluña cristiana y tradicional. Es éste el mismo motivo por el que quien elevó la lengua catalana a lengua literaria de primera magnitud, Mossèn Cinto Verdaguer, sea ninguneado por el pecado de haber sido, sí, el príncipe de los poetas catalanes en palabras del obispo de Vic, Torras i Bages, pero también el cantor de la hispanidad en su conquista evangelizadora de América y el glorificador de “Isabel I de Castella, la Reina de les Reines que hi ha hagut”.

Fue precisamente Torras i Bages, quien definiera admirablemente a España como “conjunto de pueblos unidos por la divina providencia”, quien señaló que esa idea de una “Cataluña catalana” propugnada por el nacionalismo no era más que una “Cataluña de papel”, enfrentada a la Cataluña real, la Cataluña cristiana. Los nacionalistas nunca creyeron aquello de que Cataluña sería cristiana o no sería; siempre despreciaron la Cataluña cristiana por su carácter tradicional e hispánico y se empeñaron en crear una Cataluña “catalana” (sea eso lo que sea) que no soportaba a los catalanes reales. Ahora recogemos los frutos y, como advirtiera Torras i Bages, cuando el nacionalismo más extendido está, Cataluña menos cristiana es y su pervivencia, en meros términos demográficos, cada vez es más problemática.

Esta secularización de una intensidad inusitada no es fruto del azar. Han sido precisamente las organizaciones y partidos políticos que ahora promueven la campaña para conseguir la secesión de Cataluña las responsables de este fenómeno, tanto a través de la conformación de una nueva mentalidad que no reconoce nada más allá que el culto a la Nación, como a través de leyes y medidas administrativas. Y es que los nacionalistas catalanes en el poder han sido pioneros de todas las iniciativas contrarias a los principios no negociables definidos por el Papa Benedicto XVI, desde la promoción del aborto hasta las limitaciones a la libertad de educación, pasando por el ataque a la familia natural.

No está de más recordar que fue Jordi Pujol quien aprobó, el 30 de junio de 1998, la primera ley en España y una de las primeras en Europa que daba reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, una ley impulsada por la entonces consellera de Justícia, Nuria de Gispert, miembro de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), actualmente presidenta del Parlamento autonómico catalán y figura señera entre los que se presentan como católicos favorables a la independencia de Cataluña.

El mismo día en que entraba en vigor la ley en Cataluña Juan Pablo II aprovechó el Encuentro Internacional de políticos y legisladores de Europa, en el que participaba Jordi Pujol, para recordarle que “igualar al matrimonio otras formas personales de relación es una decisión grave que perjudica la institución conyugal y familiar” y añadía que “no se puede subordinar nunca la dignidad de las personas y la familia a simples elementos políticos o económicos, y menos a las simples opiniones de eventuales grupos de presión”.

La reacción, al día siguiente, de Jordi Pujol demuestra el respeto de quien ha sido y es la figura más influyente en el nacionalismo catalán contemporáneo hacia la Doctrina Social de la Iglesia: “No sé cómo responderemos ante Dios cuando nos llame a su presencia – contestó Pujol – pero las realidades sociales son las que son y el político no puede prescindir de ellas”.

Por su parte, el líder demócrata-cristiano Josep Antoni Duran i Lleida utilizó al respecto un argumento que produce sonrojo: “Los que no están en el marco de la familia ideal que defiende Unió Democràtica también son hijos de Dios; por este motivo votamos a favor de la ley y lo volveríamos a hacer”.

No estamos ante un accidente, varias décadas de experiencia no dejan lugar a la duda: el nacionalismo catalán, con tal de avanzar en su construcción de una nación artificial, no ha dudado en sacrificar esa misma nación a los proyectos de reingeniería social que la Iglesia ha denunciado y combatido en su afán por defender a los hombres, familias y sociedades.

No sólo fueron pioneros en los ataques a la familia, también se han destacado por su apoyo y promoción del aborto (recientemente, ante el anuncio de una nueva ley del aborto por parte del ministro Gallardón, que aunque tímidamente, resulta más restrictiva que la ley de plazos vigente, el portavoz de Convergencia i Unió en el Parlamento catalán, Jordi Turull, se aprestó a denunciar esta “gran regresión” y a anunciar que promoverán una ley propia catalana que preserve el aborto como un derecho), por su posición favorable a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que violentaba el derecho de los padres a elegir la formación moral que han de recibir sus hijos y, en la actualidad, está impulsando un proyecto de ley de lucha contra la homofobia de un extremismo inusitado y que la Asociacion E-cristians ha denunciado como totalitario.

De hecho, este marcado sesgo anticatólico ya se hizo evidente en la redacción del Estatut de 2006, en el que las fuerzas políticas que ahora impulsan el proceso secesionista redactaron y promovieron un texto que recoge el derecho al aborto, a la eutanasia, limita la libertad de educación, ataca a la familia y consagra la ideología de género. Estos datos no son baladís, pues todo juicio político debe basarse en la realidad concreta enjuiciada. Ignorar esta realidad y abogar por un camino que consolidaría en el poder a quienes han impulsado todo tipo de leyes, disposiciones y medidas contrarias al Magisterio de la Iglesia es realmente increíble si quien lo hace aspira a ser un católico consecuente y solo se entiende por ese fenómeno de ceguera que ya hemos citado y que se da cuando, incluso de forma inadvertida, se ponen por delante de la fe los supuestos intereses de una utópica nación.

No quiero acabar este texto sin una mirada esperanzada. Las imprecisiones, las afirmaciones sesgadas e interesadas de algunos escritos me han hecho acudir a las fuentes citadas en estos, principalmente a varios discursos de Juan Pablo II, donde he encontrado algo muy diferente de lo que esos textos decían que había. Si se ha podido decir que las herejías tuvieron su papel positivo pues provocaron la profundización y clarificación de la doctrina ortodoxa, creo que también aquí podemos afirmar que, al menos en mi caso y espero que en el de muchos de quienes leen estas líneas, las imprecisiones referidas a los derechos de las naciones tal y como la Doctrina Social de la Iglesia expone han servido para conocer mejor lo que de verdad afirma la Iglesia, y mas en concreto Juan Pablo II, en lo que se refiere a este asunto.

Por eso, tras la lectura de los discursos de Juan Pablo II, estoy mas convencido que nunca de que los católicos debemos de rechazar una lectura forzada y sesgada del magisterio para, por el contrario, tal y como pedía el Papa en su discurso de 1984, "manifestar un respeto cada vez mayor a las libertades y derechos fundamentales de las personas, las familias y los cuerpos intermedios". Como también afirmaba Juan Pablo II en 1995, "La respuesta al miedo que ofusca la existencia humana es el esfuerzo común por construir la civilización del amor".

Ésta es la voz de la Iglesia, éste es el llamamiento al que debemos responder los católicos, también en Cataluña, por el bien de nuestro pueblo y de nuestro país, rechazando las maniobras para dividirlo y enfrentarlo y trabajando por su reconciliación y para que encare el futuro recuperando el tesoro de su verdadera tradición cristiana y, así, se aproxime más a esa civilización del amor de la que ahora (como hemos visto, con grave responsabilidad de los nacionalistas) está tan alejado, motivo por el que tanto sufre.