El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha salido al paso de las críticas que desde diversos sectores han recibido las reformas judiciales anunciadas este miércoles por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y particularmente, a las "críticas duras" que ha recibido el planteamiento de reforma de la Ley del Aborto.

Ruiz Gallardón anunció ayer en la Comisión de Justicia del Congreso que emprenderá la reforma de la vigente Ley del Aborto que exigirá a las menores de edad el consentimiento de sus padres para someterse a la práctica abortiva.

La oposición y otros sectores, como las clínicas que practican abortos, han manifestado su desacuerdo con la medida anunciada por el titular de Justicia. Al respecto el jefe del Ejecutivo dice haber escuchado las críticas, que él ha juzgado como no tan duras, ha corroborado que conoce todos los planteamientos defendidos ayer por Gallardón y anteriormente por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que los españoles ya conocían porque así lo votaron el pasado 20 de noviembre.

"Escucho las críticas, pero en campaña no dijeron ni una palabra y llevábamos todas estas propuestas en el programa electoral", que además recibió el "OK" de los ciudadanos que votaron y respaldaron la victoria del Partido Popular. 

Rajoy se refirió a la anterior Ley del Aborto de 1985 del Gobierno de Felipe González, la cual, señaló, el PSOE la modificó "sin consultar a nadie".

Asimismo destacó que el Tribunal Constitucional mostró su conformidad con la "constitucionalidad" de ambos sistemas y que, por lo tanto, el Gobierno del PP adoptará una reforma en la que sea exigible el consentimiento paterno para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar.


Tras el anuncio del Ejectivo de modificar la Ley del Aborto, diversas personas y asociaciones expresaron, en diverso grado, su satisfacción.

Es el caso, por ejemplo del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, en declaraciones a Europa Press Televisión, reiteró su apoyo a los cambios y recordó que, en el caso de la modificación de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, por el que las menores de edad deberán contar con el permiso paterno para poder abortar, es una precisión que ya habían reclamado al Gobierno de Zapatero.

"Desde que se reformó la ley entendimos que era un error muy importante que las menores no tuvieran el consentimiento paterno para tomar una decisión tan importante para su vida", declaró Canalda.


Por su parte, la coordinadora de la asociación Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya también aplaudió, aunque "con cautela", la medida dejando claro que aún no es suficiente pues el objetivo es "la erradicación absoluta del aborto".

En un comunicado, DAV valoró que por primera vez la legislación española pueda cambiarse "para que sea más restrictiva y no más permisiva" y subrayó que es necesario legislar "protegiendo la vida del concebido y la maternidad y eliminando los resquicios legales que han propiciado la sangría social de más de un millón de muertos".

La propuesta "aún es muy vaga e inconcreta", señala, por lo que advierte de que estarán "muy atentos a lo que suceda", pues no renuncian a su "objetivo fundamental, que es la derogación total del aborto".


El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, también expresó ayer su satisfacción por la decisión del Gobierno de reformar la Ley del Aborto, ya que "la menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante".

"Celebramos este anuncio que responde a nuestra petición en pleno debate de la ley, aprobada en marzo de 2010, porque se ha reconsiderado algo que para nosotros era un agujero importante", señaló Rodríguez Sendín, recordando que la OMC siempre defendió esa postura.


por su parte, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, afirmó que la reforma de la Ley del Aborto debe ser "ambiciosa" para derogar la Ley de 2010 y comprometerse "de verdad" en defensa de la vida. Blanco expreso su satisfacción al comprobar que una promesa electoral del PP se ha convertido "en un compromiso ante el Parlamento".

En declaraciones a Efe, Blanco dijo que la reforma tiene que ir "mucho más allá" de esta medida concretada por Ruiz-Gallardón, que afectaría a un pequeño número de mujeres.

Precisó que la reforma debería también "proteger la vida y la maternidad", y tener en cuenta los problemas sociales de las mujeres que se plantean abortar, con un "compromiso público activo de no dejar sola nunca a una mujer".

Según el presidente del Foro de la Familia, la nueva Ley "debe ser una regulación en clave solidaria de apoyo a la mujer y la maternidad, restablecer la autoridad paterna y garantizar una protección efectiva de la vida", frente a la Ley de 2010, que "llegó a convertir el aborto en un derecho".


De otro lado, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) y juez decano de Madrid, José Luis González de Armengol, consideró como "positivas" las nuevas medidas anunciadas por Ruiz Gallardón.

En relación a la Ley del Aborto, Armengol reconoció que la legislación establecida (Ley de marzo de 2010) era "plenamente satisfactoria". "Es bueno la puntualización que ha hecho el ministro, es decir, al menos solicitar la autorización paterna respecto a los menores de edad, es un mínimo imprescindible de este tipo de situaciones", agregó.  


El Instituto de Política Familiar (IPF) afirmó ayer que el anuncio hecho por el ministro de Justicia es "un paso positivo en la dirección adecuada", pero "insuficiente", ya que "parece plantear una vuelta al sistema anterior".

Según el IPF, este cambio es "muy necesario" y supondrá "un primer paso positivo en la dirección adecuada", pero puede quedarse corto. "El escueto anuncio, junto con declaraciones anteriores de miembros de partido, parecen plantear simplemente una vuelta al sistema anterior, lo que sería totalmente insuficiente", afirmó el citado instituto, según recoge La Razón.

Para que la reforma no sea "insuficiente", el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, consideró que se debe acabar con el "fraude" que permitía la legislación anterior de acogerse al perjuicio psicológico que podía suponer para la madre tener a su hijo.