El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, aseguró ayer que este organismo "no dirá al nuevo Gobierno lo que tiene que hacer" puesto que "no es su función ni su estilo".
Sin embargo, para el portavoz de los obispos, esta actitud de "respeto" no significa que la Iglesia deje de decir cuál es su postura sobre cuestiones "fundamentales e importantísimas" como el matrimonio, la familia y la defensa de la vida.
Estas declaraciones fueron hechas durante la rueda de prensa celebrada con motivo de la XCVIII Asamblea Plenaria de la CEE.
"Hay leyes en España gravemente injustas, los gobernantes sabrán lo que tienen que hacer y si quieren tener leyes que violan los derechos humanos", afirmó Martínez Camino, quien insistió en que la Conferencia "nunca ha dicho a los gobiernos lo que tienen que hacer y tampoco lo hará con este". No obstante, Martínez Camino apuntó que con el futuro Gobierno "habrá contactos, como ha habido con todos" por que entre el Ejecutivo y la Iglesia "hay asuntos de interés para poder servir al bien común".
Violencia de género
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, Martínez Camino denunció el "escándalo impresionante" que supone la violencia "en el marco de la familia". Esta lacra "no se arregla sólo con leyes penales y policía" sino que es necesario comprender que en la lucha contra la violencia doméstica "no hay salida duradera si no hay una conciencia moral fuerte y no se sabe lo que es el amor verdadero".
Cura casado y Estrasburgo
El portavoz episcopal señaló también que los obispos españoles esperan que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falle en contra del sacerdote casado a quien no se le renovó el contrato, como profesor de religión, tras conocerse su participación en un acto en defensa del celibato opcional.
El obispo subrayó es "normal" que el Tribunal Constitucional español no diera la razón al cura casado y padre de cinco hijos, José Antonio Fernández Martínez, porque, a su juicio, "un profesor que no cree en la doctrina católica no puede enseñarla".
Además, defendió el derecho de los padres que eligen la enseñanza de la religión católica para sus hijos a que quien imparte esas clases "esté cualificado para ello y no les enseñe otra cosa. Esto es lo que las leyes españolas en términos generales protegen bien", afirmó.